La profesora de Derecho Mercantil de la UV Carmen Estevan de Quesada será designada en breve nueva presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia de la C. Valenciana. Con este nombramiento, efectivo para cinco años, Estevan sustituye a su compañero de departamento Francisco González Castilla, cuyo mandato expiraba el pasado mes de mayo, y que ha sido nombrado recientemente director del Departamento de Derecho Mercantil de la Universitat de València.
A Estevan la acompañarán, en los dos puestos de vocal, Jaume Martí Miravalls, también profesor de Mercantil, y una economista, Carmen Castro García, especializada en políticas de igualdad.
La Conselleria de Economía, de quien depende administrativamente este organismo autónomo, ha escogido para la plaza a una especialista en derecho de la Competencia (y competencia desleal) con varias publicaciones sobre Derecho Europeo de la Competencia o los mercados oligopolísticos.
En su currículo aparecen estancias como investigadora en universidades como la Humboldt Universität de Berlín; Ludwig Maximilian Universität de Múnich; Hamburgo o el Institute of Advanced Legal Studies de Londres. Este organismo fue creado en 2012 para cubrir el hueco dejado por el Tribunal de la Competencia, que estaba mucho más dotado de recursos económicos y humanos pero que fue sacrificado por el Consell de Fabra en plena oleada de recortes.
El ya expresidente de la Comisión, González Castilla, reclamó en una reciente entrevista con Levante-EMV más medios para poder luchar contra los cárteles. En estos momentos, los tres miembros de la CDC (presidente y dos vocales), realizan sus labores a tiempo parcial y solo cuentan con dos funcionarios de la conselleria dedicados en exclusiva a instruir expedientes de investigación.
Entre las labores habituales de este órgano está la elaboración de informes sobre conflictos entre colegios profesionales, como los que mantienen ingenieros industriales y arquitectos por el acceso a la elaboración de determinados informes; así como dictámenes sobre legislaciones de la Generalitat que colisionan con intereses de algunos sectores.
En los últimos meses, precisamente, la CDC ha emitido informes críticos sobre la política del Consell respecto a los apartamentos turísticos o la obligación de tener personal en las gasolineras desatendidas, entre otros asuntos.
