La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó el lunes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo su demanda formal contra el Real Decreto 1057/2015, del 20 de noviembre, por el que se regulan los vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Cabify y Uber. De este modo, se abre el proceso judicial en el que, de un lado, CNMC, Uber, Unauto y Cabify; y, de otro, el Ministerio de Fomento, Fedetaxi y varias asociaciones locales de taxistas expondrán sus argumentos tanto a favor como en contra de la desregulación del transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, prestado por taxis y VTC.

En el escrito de la demanda, la CNMC solicita que se declare la nulidad del artículo único, apartados uno, dos y cinco y la disposición transitoria única del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, con condena en costas. En concreto, los artículos uno y dos se refieren a la limitación de nuevas autorizaciones de licencias VTC cuando se supere la relación de una VTC por cada 30 taxis, así como a la justificación exigida a los VTC de que los servicios son contratados previamente a la circulación y la prohibición de captar clientes en la vía pública.

Asimismo, la CNMC se opone al artículo cinco que delimita territorialmente la actividad de los VTC en tanto que refleja que el 20% de los recorridos efectuados trimestralmente deben realizarse en la comunidad autónoma en que se haya concedido la licencia.

El regulador, que ha adjuntado un informe económico, justifica la demanda en que los requisitos de alquiler de vehículos con conductor son «innecesarios y desproporcionados» y «encubren razones de naturaleza económica en beneficio de la actividad del autotaxi».

Críticas de los taxistas

Por su parte, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE) emitieron ayer un comunicado en el que consideran que la CNMC «quiere acabar con los derechos que la regulación del transporte ofrece al ciudadano». El presidente de FPTM y de CTAE, Julio Sanz, recordó que la regulación del transporte existe para «garantizar los derechos de sus usuarios» y aseguró que la CNMC «quiere dejar desprotegidos a los ciudadanos frente a empresas, como Uber y Cabify, que ofrecen un servicio únicamente movidas por intereses económicos».