Las licencias VTC de alquiler de coches con conductor, esas que necesitan los chóferes que trabajan para empresas como Uber o Cabify, que hacen la competencia al taxi, amenazan con protagonizar una nueva burbuja. No solo las empresas del transporte de toda la vida están interesadas en este negocio. Nuevos actores, como bufetes de abogados, acuden en toda España al calor de un negocio «de bajo coste y rentable».
Según ha sabido este diario, el despacho madrileño Blue Legal & Abogados ha pedido a la Generalitat 50 licencias para operar en València. Lo ha hecho a través de sus dos socios. La Conselleria de Transportes las ha denegado, y los letrados han interpuesto un contencioso administrativo en València. El director general de transporte, Carlos Domingo, acaba de remitir al juzgado su denegación.
Este despacho, entre otras áreas, está especializado en estas licencias. En su web, de hecho, ofrece este sector en auge como reclamo para captar clientes: «Licencias VTC´s para Uber/Cabify y otros a nivel personal para toda España. Te ofrecemos la oportunidad de invertir en un negocio rentable, de bajo coste y en auge. Aproveche esta gran oportunidad antes de los próximos cambios normativos (Tribunal Supremo, Comisión de la Competencia, etc)».
Sobre este negocio flota la sombra de la reventa de licencias. Conseguir un permiso VTC, en efecto, cuesta muy pocos euros, pero la administración las da a cuentagotas. Y la necesidad que tienen las plataformas tecnológicas de licencias para poder abastecer la inmensa demanda que tienen han hecho proliferar la petición de los permisos, que pueden alcanzar un precio de mercado de decenas de miles de euros. Hace poco, el director general de Cabify en España señalaba a Levante-EMV que en esta ciudad la demanda de servicio supera en cinco veces la oferta, pero que la escasez de licencias les impide crecer.
Escasez de licencias
Ese es el quid de la cuestión: la escasez de licencias, que las hace tan deseadas. La ley hoy solo permite que haya una por cada 30 taxi, con lo que por sistema toda petición es denegada. Pero durante unos años, mientras estuvo en vigor la ley Omnibus, de 2009, el mercado se liberalizó. Fue hasta 2013, cuando Rajoy volvió a restringir el mercado. Sin embargo, muchos jueces están entendiendo que entre 2013 y 2015, cuando se aprobó el desarrollo de esta ley, debieron concederse las licencias. Hay miles de licencias denegadas entre esos dos años por la administración y que pueden ser liberadas en pocos meses, cuando se espera que el Tribunal Supremo unifique doctrina.
En València hay más de 2.150 licencias denegadas por la Generalitat a la espera de un fallo judicial. Se han solicitado en masa. Entre los movimientos controvertidos se encuentra, por ejemplo, el de la empresa de Madrid Ares Capital, de Juan Ortigüela. El TSJ le ha reconocido el derecho a 200 licencias que el Consell le había denegado. Según señala El Confidencial, este empresario tiene pedidas 3.000 licencias en Madrid y Barcelona. Se está posicionando para ser operador de referencia si se produce esa liberalización por vía judicial. Las plataformas las necesitan.
En paralelo a los tribunales, el Ministerio de Fomento está tomando medidas para contentar al sector del taxi, que está en pie de guerra. Fomento anunció hace unas semanas que baraja la posibilidad de prohibir la reventa de estas licencias durante los dos años siguientes a su concesión.
Consultados por este diario, los letrados señalaron que no están interesados en revender las licencias que han pedido. «Tenemos clientes que nos encargan licencias porque tienen su negocio y les asesoramos para que la consigan», señalan desde Blue Legal. ¿Y su interés personal? «Para tener un segundo negocio. Igual que tenemos inversiones inmobiliarias podemos tener otra actividad económica, como una flota de vehículos», concluyeron.
