La Conselleria de Economía Sostenible, a través del Servef, redactó ayer un manifiesto de oposición al Real Decreto que desarrolla la Ley de Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral al que se han adherido, además de la Comunitat Valenciana, nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla la-Mancha, Catalunya, Extremadura, Illes Balears, Navarra y Asturias). Este manifiesto pretende frenar un reglamento que «profundiza en la privatización de la formación de los desempleados», según afirmó el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, quien lamenta que el Gobierno haya desarrollado esta ley «de manera unilateral».

Nomdedéu explicó que el Gobierno ha aprobado este reglamento «sin abrir un proceso de negociación que hubiera permitido la participación activa de las Comunidades Autónomas para consensuar el despliegue de las medidas propuestas».

Uno de los aspectos que más oposición encontró fue el denominado «cheque de formación», el cuál «profundiza en la privatización de la formación para desempleados, trasladando al usuario y al sector privado la responsabilidad de configurar una oferta formativa atractiva y ajustada a las necesidades del tejido productivo». Asimismo, Nomdedéu denunció que esta medida no ha sido «ni consensuada ni dialogada con las agentes sociales ni con las autonomías que son las que tenemos que llevarla a la práctica».

Como explicó el responsable de Empleo, este nuevo reglamento deja a las CC AA en una situación de «indefensión e inseguridad jurídica» ya que «se reservan demasiadas materias para su posterior desarrollo». Se trata además de aspectos significativos para las autonomías como la cuenta de formación, el catálogo de especialidades formativas o el registro estatal de entidades de formación.