La Generalitat ha recurrido el archivo de la causa penal contra Coepa decretada por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Alicante, que consideró prescritos los supuestos delitos de los que el Servef acusaba a la patronal por la gestión de las subvenciones recibidas para su centro de oficios.
La Abogacía considera que los hechos denunciados -la supuesta recepción de ayudas de dos organismos públicos para el mismo fin y la presentación de las mismas facturas por duplicado para justificar el gasto- suponen un «delito continuado», lo que situaría la pena máxima para sus responsables en los seis años, por lo que el plazo de prescripción de los mismos sería de diez años y no de cinco, como sostuvieron el fiscal y el propio juzgado.
Como se recordará, la entonces secretaria autonómica de Empleo y actual responsable de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, decidió denunciar a la patronal alicantina en agosto del año pasado por los supuestos delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, frustración de la ejecución e insolvencia punible por la gestión de las subvenciones que el Servef había otorgado para la contrucción de su centro de oficios.
El escrito señalaba que Coepa había quebrantado la ley al recibir dos ayudas -las citadas subvenciones y la hipoteca concedida por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- con la misma finalidad, la ejecución y el funcionamiento del citado inmueble. Además, apuntaba que la patronal había utilizado las mismas facturas -todas ellas de la constructora del expresidente de Coepa Rafael Martínez Berna, CHM- para justificar tanto la recepción de las subvenciones del Servef, como la disposición de fondos del crédito. Además, señalaba que la suma de esas facturas sólo alcanzaba los 4,7 millones de euros, cuando la patronal había recibido de ambas instituciones autonómicas unos 6,8 millones.
