18 de julio de 2017
18.07.2017

La «burguesía valenciana» declarará ante el juez en septiembre por el Banco de Valencia

El instructor interrogará a los hermanos Girona, Marita Boluda, Federico Michavila, José Segura y Antonio Tirado

18.07.2017 | 04:15

Destacados miembros de la burguesía y el empresariado valencianos completarán el próximo mes de septiembre el particular via crucis ante la justicia de los vocales que formaron parte del consejo de administración del Banco de Valencia. Tras la comparecencia a finales de mayo de los máximos exresponsables de la entidad –el expresidente, José Luis Olivas, y el exconsejero delegado, Domingo Parra- le toca ahora el turno a siete exconsejeros y un auditor que se encuentran investigados (la nueva definición de imputados) por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa por el hundimiento de la histórica entidad financiera, intervenida en noviembre de 2011 por el fondo público FROB y vendida un año más tarde por un euro a CaixaBank tras inyectar casi seis mil millones de euros.

El magistrado dictó una providencia el pasado 23 de junio en la que fija el calendario de comparecencia de los últimos exconsejeros que faltaban por declarar, incluidos varios convocados para finales de mayo que, por diversas circunstancias, no pudieron acudir. Es el caso, por ejemplo, del exvicepresidente del banco, Antonio Tirado, quien abrirá el nuevo turno de declaraciones el 19 de septiembre. Tirado, exalcalde socialista de Castelló, presidió el banco en 1997 en su condición de presidente de Bancaja. Cuando fue sustituido en ambos cargos por Julio de Miguel en 1998 se mantuvo en la vicepresidencia hasta el final. En esa misma jornada deben comparecer los hermanos Juan Antonio e Irene Girona Noguera, hijos de Antonio Girona. Representante de la burguesía local vinculada desde sus orígenes al banco, Girona fue presidente de la entidad entre 1984 y 1993, un año antes de que el Banco Central vendiera a Bancaja su participación del 24 % en la institución financiera valenciana.

Dos días más tarde comparecerá a primera hora otro de los que no pudieron hacerlo en el primer turno pese a estar citados. Se trata de Pedro Muñoz Pérez, vocal del consejo en su condición de presidente del Montepío Loreto, que gestiona los planes de pensiones de la plantilla de Iberia y llegó a tener casi un 3 % del capital del banco valenciano. Después, pasarán por el despacho del juez José Segura Almodóvar y una histórica entre los accionistas y consejeros del Banco de Valencia: María Dolores Boluda Villalonga. Llevaba casi tres décadas en el banco cuando fue intervenido y representaba a dos familias clave en la trayectoria del banco, en especial la derivada de Ignacio Villalonga, quien durante varias décadas fue presidente tanto del Banco de Valencia como del Banco Central.

Por último, el 26 de septiembre están convocados para declarar ante Pedraz el propietario de la empresa azulejera castellonense Torrecid, Federico Michavila, y el auditor Miguel Monferrer.

Todos ellos, como en su día hicieron Olivas y Parra, deben responder por la querella presentada en 2012 por la asociación de pequeños accionistas del Banco de Valencia Apabankval. La denuncia atribuía a los denunciados el delito de formulación de cuentas falsas con el tipo agravado por causar daños a multitud de personas y el de administración desleal. El pasado noviembre, dos peritos de la Intervención General del Estado, uno de ellos adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, ratificaron ante Pedraz que las cuentas que presentó el Banco de Valencia en 2009 y 2010 «no reflejaban la imagen fiel del banco».

La querella de la asociación representada por el abogado Diego Muñoz Cobo denunciaba irregularidades en varias operaciones realizadas por la entidad financiera con distintas empresas de la autonomía. Algunas de ellas coinciden con las denuncias que en 2012 presentó el FROB tras la intervención.

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