La primera ronda de comparecencias ante el juez Santiago Pedraz tuvo como hecho más destacado la discrepancia entre las dos personas con más poder en el Banco de Valencia entre 2004 y 2011, cuando coincidieron el uno como presidente (José Luis Olivas) y el otro como consejero delegado (Domingo Parra, quien llevaba en el cargo desde 1994, el año en que el Central vendió su participación en la entidad valenciana a Bancaja).

El expresidente de la caja y de la Generalitat, quien abrió el turno de declaraciones, aseguró que ni él ni el consejo de administración tuvieron en ningún momento conocimiento de la grave situación que condujo a la intervención de la entidad. Afirmó que el único que tenía información sobre el agujero que acabó hundiendo a la histórica entidad y también el único que se relacionaba con los inspectores del Banco de España que apremiaban a la entidad a tomar medidas era el consejero delegado.

Al día siguiente, Parra declaró ante Pedraz que informó en todo momento a Olivas y al consejo de administración, del que formaba parte, de las inspecciones del Banco de España. En este sentido, apuntó que se constituyó un equipo directivo integrado, entre otros, por los responsables de riesgo y de negocio y el interventor, para tratar con los inspectores del supervisor. Y añadió que comunicó todos los movimientos que se producían a Olivas y al consejo, a pesar de que dichas informaciones no quedaran recogidas en las actas de las reuniones del órgano de gobierno del banco.

Contribuir a dilucidar esta discrepancia, que es clave para determinar la responsabilidad de los exconsejeros, podría ser una de las cuestiones fundamentales durante las comparecencias finales en la instrucción del caso Banco de Valencia.