La Audiencia Nacional dejó ayer visto para sentencia el juicio a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), acusada de falsear las cuentas anuales de 2010 y del primer semestre de 2011, tras 15 sesiones en las que se han enfrentado las hipótesis del error y de la trampa contable.
Ha transcurrido dos meses en los que se han sucedido ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los testimonios de los ocho antiguos directivos inicialmente procesados, que si bien han reconocido que pudieron incurrir en algún error, nunca delito, han reiterado su inocencia y negado haber ocultado información sensible para obtener un eventual beneficio propio en forma de indemnización.
«Me esforcé por cumplir con lo que me indicaba el consejo y el Banco de España», aseguró la ex directora general de la CAM María Dolores Amorós, única en hacer uso de la palabra, visiblemente afectada por los informes de unas acusaciones que solicitan para ella penas de entre siete años y medio y 16 años de cárcel.
Amorós aseguró que no pensó estar incurriendo en delito alguno aunque posiblemente adoptó «decisiones equivocadas». Una alusión a las titulaciones, objeto de la investigación, cuya baja en balance permitió, según la Fiscalía, arrojar unas ganancias ficticias de 65 millones de euros en vez de pérdidas por valor de 1.136 millones.
