La Sindicatura de Comptes de la Comunitat presentó ayer la auditoría operativa sobre la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana entre los años 1997 a 2015, el cual «no incrementa la deuda pública». El informe de la Sindicatura recoge además que el modelo de gestión de las ITV «reduce el gasto de personal y obtiene ingresos tanto en el momento de la firma del contrato como de manera periódica por cánones y arrendamientos anuales».
Señala también que la Generalitat ha dejado de ingresar 1,7 millones de euros porque «no previó la actualización del importe del arrendamiento por el uso de sus instalaciones». El margen unitario medio por inspección es de 8,60 euros, lo que representa un beneficio significativo para los concesionarios. La Sindicatura recuerda que «las tarifas se han de fijar de acuerdo con estudios económicos-financieros y han de mantener el equilibrio financiero de la concesión».
En relación con el modelo de explotación y con el control ejercido por la Generalitat en la prestación del servicio, la Sindicatura destaca en un comunicado, que el modelo de explotación en régimen de concesión administrativa es el «más utilizado» en las comunidades autónomas. La auditoría ha indicado que «no constan proyectos, estudios o informes que avalen la decisión tomada sobre la elección del modelo de gestión» y que tampoco hay en el contrato de concesión «unas cláusulas sobre los criterios e indicadores de resultados ni sobre su sistema de evaluación». Según la nota, «desde 1998 los concesionarios han invertido 18,8 millones de euros en las ITV (cifra muy superior a la que especifica el contrato)» y «se ha producido un 55 % de incremento de las líneas de inspección, hasta llegar a las 104 actuales en la Comunitat, con un aumento del 75 % en las inspecciones realizadas».
