El fraude en materia de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social en el territorio valenciano tuvo, en el primer semestre de 2017, un coste de 1,1 millones de euros para las arcas públicas, según muestran datos del Gobierno a los que ha podido acceder Levante-EMV. Esta cuantía fue especialmente significativa en València donde este delito tuvo un gasto para la administración superior a 960.000 euros.
La investigación del Ejecutivo se produjo en 1.027 empresas de la Comunitat Valenciana, 900 de las cuales se encuentran en València, 126 en Alicante y tan solo una en Castelló. Pese a estos datos, Alicante fue la provincia con mayor tasa de empresas sancionadas (63,49 %), ya que al menos 80 compañías alicantinas sufrieron una penalización, porcentaje muy superior al registrado en València (9 %) donde solo 81 de las 900 acabaron con sanción.
Además, las investigaciones conjuntas de los ministerios de Empleo e Interior también permitieron descubrir que 38 de las empresas investigadas eran «ficticias», es decir, creadas con la intención de defraudar. Veinticinco de ellas se encontraban en València (un 2,7 % del total de compañías asentadas en la provincia) y 13 en Alicante, que representan el 10,31 % del total de empresas alicantinas inspeccionadas.
Asimismo, según explicaron fuentes del Gobierno, y tal como adelantó ayer este periódico, el resultado de las actuaciones acabó con el arresto de 106 personas de las más de 4.298 que fueron investigadas. Entre los motivos que llevaron a las detenciones se encuentran las estafas a la hora de demandar una prestación, la falsedad documental, los delitos contra los ciudadanos extranjeros y los delitos contra los derechos de los trabajadores. De hecho, una de las acciones llevadas a cabo fue la desarticulación de un taller de confección clandestino que empleaba a ocho personas extranjeras sin contrato laboral y con jornadas de trabajo de hasta 11 horas al día.
Para el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, estos datos muestran que «la lucha contra el fraude laboral es una prioridad para el Gobierno, ya que se tienen que garantizar los derechos laborales y la calidad de las condiciones de trabajo». Asimismo, Moragues también enfatizó que se debe de combatir «cualquier actividad que suponga una competencia desleal para las compañías que sí cumplen sus obligaciones».
Por su parte, el Gobierno también hizo hincapié en la importancia del convenio que permite a la Policía Nacional acceder a las bases de datos de la Seguridad Social, ya que sus resultados «demuestran claramente que las medidas de este plan son un buen instrumento para proteger los derechos de los trabajadores», indicó Moragues.
