El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer la versión no confidencial de la evaluación que realizó sobre Popular el pasado 6 de junio, que llevó a la resolución de la entidad y su posterior venta a Santander. En esta evaluación, el supervisor bancario realizó un repaso sobre los acontecimientos que llevaron al banco a sufrir un deterioro de su posición de liquidez derivado de un «agotamiento significativo de sus depósitos».

Entre los motivos más destacados por el texto se encontraron una «cobertura negativa en los medios» en relación con las especulaciones sobre la dimisión de algunos de sus gestores, las pérdidas registradas por el banco en el ejercicio 2016 y el primer trimestre de 2017, así como los anuncios por parte del presidente del banco en aquel momento, Emilio Saracho, de su necesidad de realizar una ampliación de capital o acometer una operación corporativa.

Según detalla la evaluación, el hecho de que en febrero la entidad revelara una necesidad de provisiones extraordinarias por 5.692 millones de euros llevó a la agencia DBRS a rebajar su rating, algo que derivó en «preocupaciones significativas» en los clientes del banco, que se reflejaron en «salidas de depósitos inesperadas» y en una «alta frecuencia de visitas de los clientes a la red del banco». A esta rebaja del rating se unieron otras por parte de Standard and Poor's y Moody's hasta que el 31 de mayo la pérdida de depósitos paso a ser «particularmente relevante».

De acuerdo con el supervisor, la entidad desarrolló varias medidas adicionales para generar liquidez y comenzó a implementarlas, pero no fueron suficientes para remediar el deterioro de la posición de liquidez del banco. «Incluso con el recurso a la ELA (línea de liquidez de emergencia), la actual situación de liquidez no es suficiente para asegurar la capacidad de la entidad supervisada de cumplir con sus responsabilidades en el transcurso del 7 de junio», señalaba la evaluación, realizada el 6 de junio.

Compra de bonos del BCE

El Tribunal Constitucional de Alemania ha señalado que existen «razones significativas» que indican que el plan de compra de activos públicos por parte del BCE excede el mandato de la institución, aunque la Corte no se ha pronunciado al respecto y ha decidido trasladar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que solicita que se pronuncie con la mayor brevedad posible mediante un «procedimiento acelerado».