Accionistas minoritarios e institucionales de Banco Popular, representados por el despacho B. Cremades y Asociados, están explorando la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución de la entidad y su posterior venta a Banco Santander, según fuentes del bufete.
El despacho de abogados entiende que han existido «una serie de irregularidades» en el caso, ya que antes de la resolución de la entidad, tanto el Gobierno como el Banco de España defendieron la solvencia de Popular, al tiempo que las administraciones públicas efectuaban importantes retiradas de depósitos. Por ello, el bufete podría reclamar una indemnización del Estado para sus representados.
La demanda contra el Estado podría efectuarse por medio de dos vías: a través de un arbitraje internacional para los inversores cuyo país de origen tenga con España un tratado de protección de inversiones, y mediante los tribunales contencionso-administrativos nacionales para los inversores españoles y demás extranjeros cuyo país de origen no tenga con España un tratado como el referido anteriormente.
