La Federación de Promotores de la Comunitat Valenciana (Feprova) reclamó ayer que no se «frivolice» ni compare el crecimiento urbanístico actual con el «urbanismo especulativo» ya que, según defendió en un comunicado, el urbanismo que promueven todas sus empresas asociadas «ya lleva implícito las necesidades básicas de la sociedad actual: sostenibilidad e interés general».

La entidad, que preside hasta septiembre Francisco Murcia Puchades, apuntó que «en el momento actual no conviene frivolizar a la hora de comparar el crecimiento actual con urbanismo especulativo, puesto que este es un término que corresponde a una época pasada».

Asimismo, incidió en que el colectivo de empresas promotoras representadas en la Federación «ha sufrido durante los diez largos años de crisis las consecuencias de un sector desbocado y demonizado por la sociedad, que además soportó una gran carga de intrusismo y solo la propia crisis ha sabido salvaguardar la profesionalidad de las empresas que hoy quedan en servicio».

En este sentido, la Federación pidió que «se pueda defender la posibilidad de aportar desde las instituciones racionalidad normativa, frente a un largo periodo, que en materia de urbanismo, pese a contar con una gran carga legislativa no ha dejado satisfecho a nadie».

Demanda

Feprova destaca que, ante esta «posible situación de enmendar y replantear» el urbanismo que la sociedad demanda, «los mal llamados PAI (Programas de Actuación Integrada) fantasma, que no son más que replicas fallidas de proyectos urbanísticos que no respondían al interés general, se concentran, en su mayoría, en Riba-roja (Porxinos), Cheste, Estivella y Torres Torres, Bétera o Manises, entre otros» y apuntó que las responsabilidades deberían ser «compartidas» entre las diferentes administraciones locales.

Urbanismo sostenible

Además, añadió que en los informes de coyuntura económica, también se cuentan con indicadores que «refuerzan la idea de crecimiento económico, interés turístico nacional e internacional y demanda creciente en la costa», algo que, a su juicio, «debería llamar a la reflexión a todos los agentes implicados, administraciones, empresas y propietarios para aunar criterios y sentar las bases de un urbanismo sostenible y en el que prime el interés general, sin que estas dos cuestiones tengan que ser incompatibles».