En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar en calidad de investigados al expresidente y a quince de los antiguos miembros de la comisión de control de la CAM para esclarecer si tuvieron algún papel en las operaciones que la entidad realizó con los hoteleros Juan Ferri y José Baldó en el Caribe, con las que, supuestamente, se desviaron fondos de la caja en beneficio de éstos. Unos hechos que se investigan en un proceso que arrancó hace cinco años y en el que ya están imputados (lo que viene a ser lo mismo que investigados) los dos empresarios, el exdirector general de entidad Roberto López Abad y quien fuera el responsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil. Los cuatro han estado en prisión en el marco de este proceso, situación que eludieron previo pago de una fianza.
Entre los citados ahora se encuentran nombres como el expresidente de la comisión Juan Ramón Avilés (quien ya fue juzgado y absuelto junto a López Abad en otra causa por las dietas y los créditos que recibió de la CAM), el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas José Manuel Uncio; el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós; o el exsecretario del consejo de la CAM Francisco Grau. No se ha citado, por contra, a otros miembros que integraban este órgano de control como Juan Espinar, Olaya Pérez o Josefa Vicente. Todos ellos (la comisión la componían 18 miembros además del presidente) fueron juzgados como partícipes a título lucrativo en el proceso en el que fueron absueltos López Abad y Avilés, siendo por tanto también exonerados del cobro indebido de dietas.
Con estas citaciones se reactiva un procedimiento que investiga cinco operaciones en el Caribe que se llevaron a cabo con financiación de la CAM a través de Valfensal, una mercantil participada en un 30% por la caja de la que Ferri y Baldó tenían el 70% restante.
Las operaciones, según Lamela, se llevaron a cabo «al margen» o incluso «en contra de todo procedimiento interno previsto para este tipo de negocios». La juez sostiene que los exdirectivos de la CAM, uno como director general y otro como director de empresas, «lograron un desplazamiento de fondos de la entidad en beneficio de Valfensal y con ello de los otros dos querellados», en alusión a Ferri y Baldó.
Expediente sancionador
La instructora se apoya en el expediente sancionador del Banco de España y en un informe de Deloitte para afirmar que «es difícil que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López y Daniel Gil en el seno de la CAM y en TIP (la participada con la que la CAM estaba en Valfensal) se realizara totalmente al margen de los órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad».
En un auto de esta semana la juez cita al Banco de España para afirmar que «los miembros de la comisión de control de la CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a estas operaciones, de más de 25 millones de euros». En consecuencia, precisa Lamela, «habiendo participado o debido participar en el control y aprobación de las operaciones relacionadas con los hechos objeto de investigación es procedentes recibirles declaración, en principio como investigados, al existir indicios» de que pudieron conocer la actividad dirigida desde la entidad por Roberto López y Daniel Gil.
En total se investigan cinco operaciones distintas -la adquisición de los hoteles Caracol y Gala en la Riviera Maya, la compra de una parcela en la República Dominicana y de otras dos en Playacar (México) y la del hotel Eco Resort San Blas, en Tenerife- que se habrían desarrollado de forma irregular.
