La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, ha abierto expedientes sancionadores tras las denuncias interpuestas la pasada campaña por La Unió de Llauradors contra tres comercios citrícolas por presuntos incumplimientos en la existencia y contenido de contratos y contra una cadena de distribución por cometer una infracción en la justificación de la promoción en el conocido como Black Friday.
Tras realizar las comprobaciones oportunas a raíz de las denuncias presentadas por La Unió, la AICA considera que hay «posibles incumplimientos de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria». En este sentido, señala en diversas comunicaciones oficiales que ha ido transmitiendo a la organización agraria que existen «indicios razonables» para abrir expedientes sancionadores a tres empresas denunciadas con sede social en Murcia, Puçol y la Pobla del Duc por «ausencia de contenidos mínimos en los contratos o por ausencia» de ellos, así como por los plazos de los pagos a los agricultores.Del mismo modo, la AICA ha abierto expediente sancionador a una cadena «por existir indicios razonables de haber cometido una infracción tipificada en la Ley de la Cadena Alimentaria».
