La inventiva humana para sacar dinero de donde sea es ilimitada. Por ejemplo, los fabricantes de coches, móviles o electrodomésticos. No tienen suficiente con los ingresos que obtienen por vender sus productos, sino que tratan de hacer caja además con una especie de seguro -la denominada garantía- por si el artículo se estropea. Productores contrastados llaman a sus clientes cuando está a punto de finalizar la garantía legal de dos años de un producto para ofrecerles -en ocasiones, a cambio de hasta setenta euros por artículo- extenderla hasta los cinco años. También es corriente que ese «servicio» lo propongan en el momento de concretar la adquisición, con el consiguiente incremente en el coste del mismo. «Hacen negocio también con eso», asegura el abogado de la Unión de Consumidores de España (UCE) en la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez.
Lo más inaudito es que el cliente pague por que el fabricante le garantice que el producto que le ha vendido no es defectuoso y que, en caso de serlo, correrá con los gastos de su reparación o sustitución. Como admite Rodríguez, parecería más lógico que fuera el productor el que indemnizara al cliente por venderle un artículo con taras.
Normativa
El asesor legal de la organización de consumidores considera que la normativa actual «es insuficiente», porque los dos años de garantía que fija «son irrisorios». En su opinión, los fabricantes deberían establecer obligatoriamente esa cobertura en los cinco años. Además, asegura que la protección actual es «muy relativa» y ha generado un importante volumen de quejas por parte de los usuarios, porque la «legislación dice que durante los seis primeros meses el problema es de origen, mientras que a partir del sexto mes y hasta los dos años el consumidor tiene que probarlo» y «la compañía puede alegar que no es culpable».
Móviles
A este respecto, Rodríguez afirma que muchas empresas de móviles siempre alegan un problema de humedad para no cubrir el desperfecto. También cita el caso de una secadora «que salió mal, la compañía no quiso asumir su culpa y el cliente tuvo que recurrir y pagar a un perito para que dictaminara quién tenía que hacerse cargo de los costes de reparación».
El abogado de la Unión de Consumidores considera que el establecimiento de una garantía obligatoria de solo dos años provoca «que se fabrique de forma más barata y con materiales de peor calidad para que duren poco. Por tanto,se contribuye a la denominada obsolescencia programada», que conlleva la mortandad acelerada de los productos.
En opinión de Francisco Rodríguez, ampliar la garantía a cinco años propiciaría «un consumo más responsable y reduciría la adquisición de productos de usar y tirar, dado que los fabricantes utilizarían materiales de mayor calidad que alargarían la vida de los artículos».
