La Conselleria de Justicia responsabilizó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del colapso de los juzgados hipotecarios de la Comunitat Valenciana por la falta de personal. Justicia advirtió de que no puede destinar más funcionarios si el CGPJ no se lo pide a pesar del bloqueo. Fuentes del Poder Judicial respondieron que ya pidieron refuerzos para València en septiembre (tres funcionarios que se incorporaron la semana pasada) y de momento no van a reclamar más a pesar de que el juzgado tiene 1.500 procedimientos pendientes de incoar. Los jueces no entienden esta situación y ya han pedido el cierre de los juzgados hipotecarios y que a partir del 1 de enero los asuntos nuevos se repartan entre todos los juzgados de Primera Instancia.

Fuentes sindicales lamentaron el bloqueo. Santiago Alegre, portavoz de Justicia de UGT, explicó que el juzgado de València podría funcionar sin problemas con otros tres funcionarios de apoyo.

Un portavoz de la Conselleria de Justicia insistió en que han destinado los funcionarios que les ha pedido el CGPJ. «El problema de que los juzgados vayan mal es del Poder Judicial. Debían haber optado por repartir desde el principio los asuntos entre todos los juzgados. Sabemos que el juzgado de València está desbordado, pero no podemos hacer nada hasta que el CGPJ no pida más refuerzos», aseguraron desde Justicia.

En el juzgado de cláusulas suelo y abusos bancarios de València han entrado desde junio 4.257 asuntos, en el de Alicante 2.524 y en el de Castelló 627. El problema del juzgado de València es que los funcionarios no han podido registrar los asuntos que han entrado en las últimas tres semanas y ya se han acumulado 1.500 sin incoar. Santiago Alegre aseguró que a pesar de la falta de plantilla «los funcionarios llevan un buen ritmo de trabajo porque los procedimientos no tienen la complejidad de los asuntos civiles. Con otros tres funcionarios de apoyo puede salir el trabajo adelante».

Ante la petición de los jueces decanos del cierre de los juzgados a partir de enero, fuentes del Consejo General del Poder Judicial apuntaron que van a mantener el actual plan hasta el 31 de diciembre y después ya verán.