Salvo a los cuatro absueltos -el expresidente Modesto Crespo y los exdirectivos Vicente Soriano, Salvador Ochoa y Juan Luis Sabater-,. la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso CAM no ha dejado satisfecha a ninguna de las partes que intervinieron en el proceso.Tanto es así que prácticamente todas ellas barajan recurrir el fallo ante el Supremo. Por el lado de los condenados porque consideran que no se han acreditado los delitos que se les atribuyen. Y, por la parte de las acusaciones, porque no entienden por qué sólo se les condenó por falsedad contable y por falsedad en la información a los inversores y se descartaron otros delitos. Pero, sobre todo, porque ninguno de ellos comparte que no exista ningún tipo de responsabilidad civil ni de indemnización cuando se ha probado que los directivos maquillaron las cuentas. Así quedan los distintos implicados en el proceso.
Los perdedores
Los compradores de cuotas. A pesar de que el fallo considera probado que se falsearon las cuentas y, por tanto, que se dio a los inversores una imagen incorrecta del estado de la entidad al menos durante cuatro meses, el tribunal rechaza compensarlos porque estima que nadie ha acreditado un daño concreto. En este sentido, el único cuotapartícipe que iba a declarar en el juicio, Cristóbal Pons, no pudo hacerlo porque ese día su abogado tuvo que ausentarse por el fallecimiento de un familiar. En el juicio, además, también estaban representados varios centenares de tenedores de cuotas de la mano del letrado Diego de Ramón, el primero que presentó una denuncia contra los gestores de la CAM. Ya han anunciado recurso.
El Fondo de Garantía de Depósitos. El organismo encargado de asegurar los ahorros que los españoles guardan en los bancos es el gran pagano de la quiebra de la CAM. Además de los 5.249 millones que aportó inicialmente para recapitalizar la caja, antes de su adjudicación al Sabadell, también se hará cargo del 80% de las pérdidas que ocasionen los activos inmobiliarios tóxicos que acumulaba la entidad, lo que supondrá otro desembolso de cerca de 6.000 millones. Aunque su representante, el letrado Carlos Gómez-Jara, uno de los que más hizo avanzar el proceso en su fase de instrucción, nunca aspiró a recuperar todo ese dinero, sí solicitaba una compensación de casi 1.200 millones por el agujero contable. Sin embargo, el organismo, que se financia de la contribuciones obligatorias de todas las entidades españolas, no verá un solo euro al no haberse establecido ningún tipo de responsabilidad civil y haber desestimado el tribunal sus argumentos. Como premio, eso sí, cabe destacar que ha sido su petición la que ha posibilitado la condena a un año extra para Teófilo Sogorb por el delito de falsedad en la información a inversores.
La Fiscalía. El Ministerio Público no ha conseguido convencer al tribunal de casi ninguna de las tesis que defendía. La principal, que los delitos cometidos por los condenados supusieron un daño patrimonial que había que resarcir. El fiscal también pedía una compensación por los daños causados para el Sabadell, al entender que fue el banco, el que ahora se encarga de gestionar el negocio bancario de la CAM el que ha sufrido las principales consecuencias de la mala actuación de sus anteriores responsables.
Los condenados. Son los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós, condenados a tres años de cárcel, el exresponsable de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez (2 años y 9 meses) y el director de Planificación y Control, Teófilo Sogorb (4 años). Sin duda éste último es el que se ha llevado la peor parte, sobre todo teniendo en cuenta su papel de subordinado de los dos primeros. El motivo, que suya era la responsabilidad de enviar la información a la Comisión del Mercado de Valores. Aunque se trata en todos los casos de penas superiores a las recibidas, por ejemplo, por los responsables de Caja Castilla-La Mancha por un delito similar -Hernández Moltó fue condenado a dos años por falsedad contable-, tampoco parecen excesivas si se tiene en cuenta que a cada uno de ellos les pedían una media de siete años. Además, apenas pagarán 18.200 euros de multa.
Los ganadores
Los absueltos. De todos ellos, sin duda, es el expresidente de la caja, Modesto Crespo, el que habrá respirado con más alivio al conocer el fallo exculpatorio. Sobre todo, teniendo en cuenta que en mayo deberá sentarse de nuevo en el banquillo por los 600.000 euros de dietas que se embolsó a través de una participada de la caja. Aunque su estrategia de venderse como un presidente «florero» que se limitaba a realizar tareas protocolarias y desconocía los pormenores del negocio no dejara de chirriar, los magistrados acabaron por validarla dado que el fiscal no le acusaba.
Tampoco las tenía todas consigo el que fuera director de Recursos de la CAM Vicente Soriano, cuyo departamento era el responsable de tramitar las retribuciones de los directivos y de la plantilla. Varios de los informes realizados a instancias del FROB airearon los correos electrónicos enviados por Soriano a sus compañeros en los que se discutía cómo lograr que se pudieran pagar los bonos de los directivos o la paga de beneficios a la plantilla con la delicada situación que atravesaba la caja. Además, fue uno de los que se prejubiló pocos meses antes de la intervención, con una indemnización de 1,7 millones brutos. Sin embargo, el fallo sostiene que no se ha acreditado que los ejecutivos cometieran ningún delito con estas indemnizaciones o con la contratación de sus rentas vitalicias -que ahora podrán cobrar- ya que todo estaba aprobado por el consejo.
Más claras estaban las absoluciones de los respectivos números dos de Teófilo Sogorb -Salvador Ochoa- y Francisco Martínez -Juan Luis Sabater-, por su condición de simples técnicos que se limitaban a cumplir órdenes.
La aseguradora Caser. La compañía se enfrentaba a la posibilidad de tener que desembolsar hasta 40 millones como responsable civil directo en el caso. Por un lado, por la póliza que cubre a los directivos de la CAM frente a posibles demandas con hasta 15 millones. Y, por otro, por los 25 millones con los que también debía responder en el caso de que se hubiera indemnizado a los compradores de cuotas participativas.
Se quedan igual
El Banco Sabadell. La entidad se enfrentaba al posible desembolso de 25,8 millones como responsable civil subsidiario por las cuotas participativas, un dinero que tuvo que depositar como fianza y que ahora podrá recuperar. No obstante, el banco que se quedó con el negocio financiero de la CAM también podría haber recibido una compensación de 20 millones que el fiscal reclamaba a los acusados por los daños ocasionados a la caja. Aún así, lo que realmente desearía el grupo financiero es que se pusiera fin de una vez por todas al caso, para pasar página definitivamente. Y más ahora que ha decidido trasladar su domicilio social a Alicante.
La Fundación CAM. También se encuentra en la zona gris. La heredera del patrimonio cultural y la Obra Social de Caja Mediterráneo estaba citada en la causa como posible responsable civil subsidiario, junto al Sabadell, por las cuotas participativas pero, al mismo tiempo, también reclamaba hasta 60 millones por el lucro cesante que le ha supuesto la desaparición de la CAM. La institución presidida por Luis Boyer es otro de los candidatos a recurrir el fallo para tratar de que los exdirectivos tengan que pagar.
