La deriva independentista de Cataluña, donde la entidad es todo un emblema, no le ha pasado factura a CaixaBank, al menos en los nueve primeros meses del año, es decir antes del referéndum ilegal del 1 de octubre y de su decisión cinco días más tarde de trasladar su sede social a València. El banco registró un beneficio de 1.488 millones de euros entre enero y septiembre de este año (un 53,4 % más), el mejor resultado de la historia del grupo en ese período, según los datos que hizo públicos ayer el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en València. También registró su mayor beneficio trimestral, con 649 millones (un 48,7% más que en el trimestre anterior) en un ejercicio marcado por la por integración global de los resultados del banco portugués BPI desde febrero, que ha contribuido al beneficio del grupo con 180 millones, de los cuales 103 millones corresponden al tercer trimestre.

Asimismo, ha contribuido al resultado la «intensa» actividad comercial, y es que los recursos de clientes del grupo se han incrementado en 46.119 millones (un 15,2% más) respecto al año pasado, hasta los 350.024 millones. Los ingresos por comisiones crecieron un 20,8% y se situaron en 1.867 millones. La rentabilidad del grupo ascendió un 8% y mejoró en 235 puntos básicos desde principios de año, apoyada por la buena evolución del negocio bancario y asegurador de CaixaBank, que alcanza una rentabilidad del 10,5%, con un resultado de 1.490 millones en los nueve primeros meses. Los seguros representan un 37 % del negocio de la entidad.

En lo que llevamos de año, el banco ha conseguido que su tasa de morosidad se redujera en medio punto y quedara en el 6,4 %. El saldo de crédito dudoso baja un 8,4 %, hasta 13.363 millones si no se tienen en cuenta los 1.363 que aporta BPI. Además, la mejora del precio de la vivienda ha permitido elevar un 19,3 % (hasta 1.049 millones) las ventas de activos adjudicados, con unas plusvalías del 17 %.

Por otro lado, la entidad desveló que ha recibido 94.161 reclamaciones de clientes por cláusulas suelo provenientes sobre todo de Banca Cívica, absorbida durante la crisis. El banco solo ha aceptado el 51,5 %. De ese total, ha abonado ya el 90 %, es decir 210 millones de euros.