El Supremo acaba de abrir la caja de los truenos. Tras meses de espera, el alto tribunal ha emitido las sentencias que iban a decantar la guerra que libran taxistas y las aplicaciones de transporte privado Uber y Cabify. Y el taxi pierde.
Dos sentencias acaban de conceder 80 permisos de alquiler de coche con conductor (VTC) a dos empresas a las que la Comunidad de Madrid y también su TSJ se las habían denegado en 2014. El Supremo ha creado jurisprudencia y a esta le seguirán muchas otras: miles de permisos en toda España, potenciales competidores del taxi. Más de mil solo en la C. Valenciana.
Desde hace tres años, concretamente desde la aparición de Uber, el taxi está en pie de guerra con un nuevo modelo de negocio que le hace la competencia en el transporte privado de viajeros. Las licencias VTC existen desde hace décadas, pero siempre se utilizaron para servicios de chófer, limusina, o servicios VIP. Ahora, con estas aplicaciones -Cabify opera en València- los permisos VTC son muy preciados. Gracias a la aplicación móvil con la que el usuario pide el servicio, estas empresas sortean el gran impedimento legal: la prohibición de buscar pasajeros en la calle.
Hasta ahora las licencias estaban muy limitadas por ley. Pero estas dos sentencias abren la vía para que tribunales de toda España concedan los miles de permisos solicitados y no concedidos entre 2013 y 2015. En este pleito, las fechas son muy importantes.
En 2009, una ley del Gobierno de Zapatero abría el mercado al autorizar la emisión de nuevas licencias. En 2013, ante la presión del taxi, Rajoy aprobó una nueva norma que volvía a fijar un límite de una licencia VTC por cada 30 de taxi. En virtud de esto, administraciones como la valenciana dejaron de conceder licencias. El cupo estaba cubierto. Pero esta ley no se desarrolló hasta finales de 2015. Muchas empresas, al calor del creciente negocio y un mercado secundario de licencias en el que se puede revender, las pidieron de forma masiva. Ahora, finalmente, el Supremo entiende que es en 2015 cuando entra en vigor esa limitación. «No cabía denegación» a estas solicitudes presentadas en 2014, rezan los fallos del Supremo.
El abogado José Andrés Díez es una autoridad en la ley del transporte. Asesoró hace años al taxi y hoy está contratado por la patronal Unauto, la de los empresarios que trabajan para Uber o Cabify. Él ha ganado estas dos sentencias. Según señala a Levante-EMV, marcan «un antes y un después». Todos los permisos pedidos hasta el 24 de noviembre de 2015 van a tener que se reconocidos, por las autonomías o por los jueces. Es una liberalización del sector por la puerta de atrás.
En Valencia, el debate se cuece desde hace meses. Once empresas de Madrid, Barcelona, Andalucía y la C. Valenciana tienen 1.072 permisos rechazados por el Consell y pendientes de un recurso. En estos momentos hay unas 216 licencias operando. Ahora, se podría multiplicar por cinco el tamaño de los competidores del taxi. Una avalancha frente a los 4.400 taxis, que ya tienen exceso de oferta.
En València, Cabify opera desde hace tiempo. Asegura que su demanda da para cinco veces más coches, pero el bloqueo de licencias les impide crecer. El conflicto está asegurado.
