Los años esplendorosos de la política y la economía valencianas, los de las monumentales inversiones públicas en infraestructuras y grandes proyectos, han terminado caricaturizados como la era del despilfarro, desmenuzados en comisiones de investigación parlamentaria e incluso denuncias judiciales para investigar algunos dispendios. Hoy se sabe que los sobrecostes llegaron hasta el cableado eléctrico.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaban de desmontar varios cárteles en los que participaron entre los años 2002 y 2015 una asociación y once empresas que fabricaban y distribuían cables eléctricos de baja y media tensión.
Y entre los proyectos que se repartieron aparecen, según la resolución del expediente, trabajos en Feria València, la Ciudad de las Ciencias, obras del Metro o del Aeropuerto de Manises. «Amañaban los precios y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias, encareciendo las obras hasta que una de las empresas participantes -acogiéndose al programa de clemencia de la CNMC- denunció los hechos», según explica la entidad.
La comisión ha multado con 44,7 millones a once empresas entre las que figura la valenciana Peisa (Gandia), así como a la Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica (Facel), con 80.000 euros.
«Se ha acreditado que se repartieron 332 proyectos de suministro de cables a grandes clientes y hasta existen evidencias de que llegaron a acordar el boicot a algunos clientes», señala el organismo que preside Marín Quemada.
Los proyectos fueron de todo tipo: desde obras domésticas a edificación de viviendas, pasando por obras de empresas energéticas, hospitales, telefonía, infraestructuras ferroviarias, navales o grandes proyectos internacionales.
Según explica la comisión, los hechos han quedado acreditados en los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y notas recopiladas durante la investigación. Se han acreditado 52 reuniones mantenidas «para pergeñar y vigilar su modus operandi».
La mecánica de reparto de los proyectos de gran envergadura se realizaban a través de lo que denominaban «coberturas». Según considerada acreditado la CNMC, cuando un gran cliente solicitaba una oferta de suministro de cables a distribuidoras y fabricantes, las empresas previamente acordaban el precio a ofertar al cliente en la licitación, de modo que los fabricantes ofrecían un precio superior al del distribuidor para asegurarse de que este último resultara adjudicatario.
«Una vez adjudicado el proyecto a la distribuidora -que ´pilota´ el acuerdo según la terminología usada por las empresas- esta compensaba a los fabricantes implicados encargándoles la fabricación de los cables en ese u otro proyecto», añade. «Todo ello suponía, en la práctica, un incremento de los precios fijados», concluye.
Además de los proyectos mencionados, la extensa relación de obras que se «amañaron» las empresas incluyen trabajos en el aeropuerto de Alicante, el Tram de Castelló, la Ciudad de la Luz y hasta para multinacionales como Ford Almussafes. Los cinco cárteles desmantelados han recibido sanciones que van desde los 22.491 euros a los 12,67 millones de una gran empresa.
