El Congreso ha aprobado dos iniciativas para mejorar la pensión de viudedad en mayores de 65 años con bajos ingresos y para cambiar la norma que define la "unidad económica de convivencia" con el fin de evitar la pérdida de una pensión no contributiva para familiares que viven en una residencia.

El pleno del Congreso ha aprobado por amplia mayoría, con 336 votos a favor y 1 abstención una proposición no de ley del PSOE que insta a reforzar el principio de solidaridad y a adoptar medidas que aseguren que no se considerará unidad económica los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido.

El cambio de la normativa tendría efectos retroactivos para los expedientes de aquellos beneficiarios a los que se les retiró esta pensión por dichas circunstancias.

De esta forma se pretende evitar casos como el de las hermanas Julia y Encarna, de Soria, que se ven obligadas a renunciar a vivir en la misma residencia para no perder su pensión no contributiva -de cerca de 368 euros- porque se las considera "unidad de convivencia".

La proposición no de ley socialista ha sido apoyada por todos los grupos políticos después de que el Gobierno vetara otra proposición de ley igual que había registrado el PSOE en el Congreso y que han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El grupo socialista ha señalado que el gasto que supondría el cambio en la interpretación de unidad económica de convivencia ascendería a 13 millones de euros ya que afectará sólo a 400 personas.

No obstante, la mayoría de los grupos han defendido que se aumente el importe de esta pensión no contributiva y que se analice en el marco del Pacto de Toledo si sigue teniendo sentido el objetivo por el que fue establecida de erradicar el riesgo de pobreza.

Por otra parte, el Pleno del Congreso también ha aprobado una moción del PSOE que urge a aprobar antes de finalizar el año el reglamento de mejora de las pensiones de viudedad para personas perceptoras que con 65 años o más no tengan derecho a otra pensión y no perciban ingresos o tengan rendimientos bajos.

La iniciativa, aprobada por 170 votos a favor, 130 en contra y 37 abstenciones, plantea un incremento del porcentaje a aplicar a la base reguladora de dichas pensiones que deberá situarse en 2019 en el 60 %, y el 1 de enero de 2018, en el 59 %.

Para el ejercicio 2017 ese porcentaje será del 58 % y se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

El diputado socialista, Rafael Simancas, argumentó durante su debate que la subida de estas pensiones es "de justicia social" y pidió "cumplir con las leyes vigentes".

"Que este país creciendo al 3 % siga demorando la subida de las pensiones, ya no es un error, ni una injusticia, es una inmoralidad", afirmó tras criticar que "el gobierno del PP lleva seis años cometiendo una tropelía sobre las viudas de este país".