No solo el taxi. Los sectores económicos tradicionales y reglados que se están viendo desbordados por la irrupción en su negocio de plataformas tecnológicas vivieron ayer una victoria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que Uber, la multinacional americana que compite con el taxi en Madrid, no es una mera plataforma de intermediación digital que pone en contacto a conductores con viajeros. Es una empresa que "crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano". "Un servicio de transporte que no responde a la calificación de servicio de sociedad de la información", y al que por lo tanto hay que exigir licencia de transporte, resume el TJUE.
La sentencia es la respuesta a un procedimiento judicial en Barcelona, puesto en marcha en 2014 contra Uber por presunta competencia desleal. En aquel momento, Uber funcionaba poniendo en contacto a conductores particulares con usuarios. Un juez de Madrid cerró la aplicación ese mismo año, pero regresó en 2016 ya con chóferes profesionales, con licencia VTC de alquiler de coches con conductor, una vía que hoy le permite operar de forma legal, al igual que Cabify. Esta autorregulación limita mucho el impacto de esta sentencia, pero el Estado sí podrá exigir a las compañías toda la normativa correspondiente al sector del transporte.
El fallo, en cualquier caso, fue celebrado en todas las trincheras de la nueva economía colaborativa. El despacho barcelonés que llevó la denuncia de la entidad Elite Taxi y que ha conseguido este pronunciamiento, aseguraba ayer que "la sentencia tiene implicaciones legales también para otros negocios que siguen eludiendo sus responsabilidades legales propias del servicio que presta".
La sentencia ha animado a los hoteleros a explorar la vía judicial, tras varios años de lucha contra plataformas como Airbnb o Homeaway, que comercializan a través de internet miles de viviendas -la mayoría de ellas particulares- para uso turístico sin tener que "actuar bajo la legislación turística". Hasta ahora, el sector ni siquiera han conseguido obligar a las grandes web a retirar los pisos que no cumplen las normas urbanísticas.
Las patronales hoteleras estudiaban ayer la sentencia: "Estamos ante una posición de desenmascarar actividades económicas que se disfrazan de economía colaborativa, pero hay que ser cautelosos en cómo va a afectar a Airbnb", señalan desde Hosbec. "Para nosotros sienta un precedente que debemos aprovechar para poner coto a la oferta ilegal que solo subsiste si alguien la comercializa", añade unión Hotelera.
La patronal española Cehat establece un paralelismo entre el contenido de la sentencia sobre Uber y las plataformas de alojamiento colaborativo, de las que asegura que «no son servicios neutros de intermediación».
"Gracias a este fallo se van a poder dar los pasos para que definitivamente se determine la diferencia entre actividades entre particulares y aquellas realizadas por profesionales. Esta sentencia permitirá que las normas españolas puedan imponer requisitos de acceso al mercado, obligaciones fiscales y limitaciones de uso", augura Cehat.
Paradójicamente, esta sentencia va a tener «cero efectos prácticos» en Uber, según el abogado José Andrés Díez, experto en la normativa de transporte, que logró tumbar en 2014 la aplicación Uberpop que funcionaba con conductores particulares. Con todo, el fallo fue ampliamente celebrado por los taxistas: "Esto abre una nueva etapa. Los políticos deben dar un paso más. Son empresas de transporte pero se saltan todas las leyes fiscales, laborales y de transporte para rentabilizar y monopolizar su actividad", señala la Confederación de Autónomos de la C. Valenciana.
Posibles efectos sobre otras plataformas
Uber/Cabify: La sentencia llega tarde, ya se adaptaron a la normativa
Tanto Uber como Cabify aseguran que su operativa actual es 100% legal. Cabify está constituida como agencia de viajes y desde su nacimiento intermedia entre un servicio profesional ya existente -los transportistas titulares de VTC- y los usuarios. Uber también recuerda que la sentencia del TJUE se refiere a la primera versión de su aplicación (Uberpop), ya cerrada, mientras la actual se basa en las licencias VTC, que son legales. Los expertos coinciden: "La sentencia no va a afectar a la situación de Uber en España pues, al igual que Cabify, opera de forma legal a través de licencias VTC de vehículo con conductor, a tenor de que ya ha sido enjuiciada y validada de forma reiterada por los tribunales españoles en, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo del pasado febrero y noviembre de 2017, y otras tantas que posiblemente se emitirán en los próximos meses", afirma Alberto Aznar, de Pedrós Abogados.
Blablacar/Deliveroo: "Yo me pondría a temblar"
Una de las plataformas que genera controversia es Blablacar, que pone en contacto a viajeros para compartir gastos y que tiene en el corredor València-Madrid una de las rutas más populares. En febrero un juez le dio validez al describirla como mera intermediaria, tras una demanda de la patronal de autobuses Confebus. Frente a esto, el fallo del TJUE sí señala a Uber como prestataria de servicio de transporte, sostiene Aznar, de Pedrós Abogados, que cree que el fallo de ayer no debe afectar a Blablacar. No opina lo mismo José Andrés Díez, que asesora a Uber. Para él, la sentencia sí tendrá efectos sobre Blablacar. "La propia aplicación cobra, paga, recomienda precios y fija condiciones", dice el abogado, para quien la aplicación haría algo más que intermediar. Según Aznar, el fallo puede ser también un precedente para aplicaciones como Deliveroo, de la que Trabajo ya ha dicho que tiene una relación laboral con los repartidores de comida, "lo que supondría que es la plataforma quien presta el servicio".
Airbnb: "No son neutrales"
Los hoteleros se aferraron ayer a la sentencia contra Uber para retomar la batalla contra Airbnb. En opinión de la confederación española Cehat, las plataformas no son meros intermediarios, sino que hacen algo más que las debería someter a la legislación turística. ¿Qué hacen? "Utilizan herramientas para generar confianza en el servicio y en los terceros mediante la descripción de casos reales y la publicación de opiniones de usuarios; fijan o recomiendan al solicitante del servicio de alojamiento las tarifas; ofrecen al tercero garantías adicionales a las del propio solicitante del servicio de alojamiento de datos ( seguro, plataforma de pago segura, servicio de atención al cliente ...); y actúan como agente de cobros entre el solicitante del servicio de alojamiento y el tercero contratante siendo su ganancia el cobro de una comisión sobre el precio de transacción», desglosan los hoteleros. «Dada la ausencia de neutralidad deberían estar sometidas a las normas que rigen el sector", concluyen.
