No tiene ni la gravedad ni el alcance de los otros conflictos en el seno de la Conselleria de Economía que se han saldado con la salida de altos cargos como María José Mira o Diego Macià. Pero la última polémica en torno al reparto de ayudas al comercio pone en evidencia que el departamento que dirige Rafa Climent tiene claramente divididos (y a menudo enfrentados) a los equipos de Compromís y PSPV que conviven en su seno.
Como adelantó este diario, la patronal del comercio Cecoval -que pertenece a la CEV- ha presentado alegaciones contra el reparto de una nueva línea de ayudas al asociacionismo realizadas por la Diputación de València. Una subvención de 200.000 euros que, a partir de un informe de la Dirección General de Comercio de Natxo Costa (Compromís) sobre la representatividad de las tres patronales, se ha distribuido en un 45% a Unió Gremial; un 34% a Covaco, y un 20% a la mencionada Cecoval.
Para apoyar sus alegaciones, Cecoval solicitó un informe a la Dirección General de Trabajo, también de la Conselleria de Economía, que encabeza la socialista Cristina Moreno. La patronal de comerciantes preguntó el pasado 1 de diciembre a Moreno si había remitido a la diputación un documento certificando la representatividad empresarial. Cecoval buscaba desacreditar el informe de Comercio. Y obtuvo la respuesta que buscaba. Trabajo, básicamente, señala que es esa Dirección General -y no Comercio- la que tiene competencias para atribuir la representatividad de las patronales.
Aunque también reconoce que «los registros administrativos no permiten actualmente concretar la medición de la representatividad de las organizaciones y asociaciones empresariales». La responsable del área de Trabajo se apoya en varias sentencias del Tribunal Supremo para concluir que «la representación de las organizaciones empresariales se determina por su implantación, capacidad de negociación y presencia en los diferentes instrumentos de participación, bien de forma directa, bien de forma indirecta».
Con este informe, Cecoval pretende desmontar el reparto de las ayudas la diputación, y reclama que se dividan los 200.000 euros al 33%. Paradójicamente, un informe de una directora general puede frenar unas ayudas diseñadas por el conseller Climent y la vicepresidenta de la diputación, también de Compromís.
Aunque no se haya producido un choque directo entre Natxo Costa y Cristina Moreno, la discrepancia por el uso de las competencias remite a anteriores enfrentamientos en una conselleria donde la gestión del mestizaje político está provocando los mayores conflictos de toda la Generalitat.
La mayor fractura se produjo también con motivo del comercio. Concretamente, por la apertura en festivos, una de las prioridades de Compromís. En mayo de 2016, la conselleria saltó por los aires después de que la entonces secretaria autonómica, María José Mira, tumbara la reforma que el conseller Climent y Costa habían diseñado y que reducía a solo dos áreas de València las zonas de libertad horaria.
Mira, que era la competente para resolver los recursos, pidió por su cuenta un informe a la Abogacía de la Generalitat, y el órgano consultivo recomendó aceptar las alegaciones de los operadores afectados por defecto de forma. Climent llegó a acusarla públicamente de romper el pacto del Botànic. Entendieron una deslealtad la petición de ese informe a la Abogacía que desembocó en la ruptura del nuevo marco de aperturas comerciales. Poco después, Presidencia sacó a Mira de Economía para ubicarla como número dos en Hacienda.
Tras un año de pugnas más o menos soterradas, este noviembre estalló otra crisis. El director general de Industria, Diego Macià (PSPV), presentaba su dimisión tras el vaciado de competencias de su área dentro de la conselleria en favor del Ivace, de Compromís.
