Mañana viernes concluye uno de los mayores partos del área económica de la Generalitat; uno de esos frentes que ha tenido a la greña a las consellerias de Hacienda (PSPV) y Economía (Compromís). Salvo sorpresa de última hora, el decreto que alumbrará la nueva Feria València será aprobado este viernes por el pleno del Consell, según adelantaron anoche desde la Conselleria de Economía.
El nuevo decreto, no obstante, no despeja la gran incógnita de cómo será la futura sociedad que gestionará la feria, algo que hizo encallar el debate entre la conselleria de Rafael Climent, que aboga por una mayoría pública en el accionariado de esa futura sociedad mixta, mientras Hacienda defendía que la mayoría tendría que ser necesariamente privada.
Así las cosas, el diseño de la formula jurídica y la forma en que participa la Generalitat se aplaza hasta que aparezcan operadores interesados, con quienes se definirá el modelo de gestión. Firmas como la francesa GL Events ya han mostrado su interés por esa futura externalización. La francesa gestiona 40 recintos en todo el mundo, tanto 100% privados como en diferentes rangos de colaboración con las administraciones. Eso demuestra que el futuro modelo está abierto a muchas fórmulas.
Sin embargo, el artículo 3.1 del decreto de la Conselleria de Hacienda diseñado por el IVF, anticipa el esquema de la colaboración. Primero, la Generalitat regulariza la deuda y asume ya formalmente los 567,08 millones de lastre de Feria Valencia (491,8) y la alicantina IFA (75,28).
A cambio, las ferias abandonan el perímetro financiero de la Generalitat, y los déficit y deudas de las nuevas entidades gestoras (ahí entra el futuro socio privado) dejarán de engrosar la mochila de la deuda autonómica.
«Actualmente, se considera que la opción más adecuada para resolver las dificultades de ambas Instituciones antes descritas consiste en que la actividad ferial sea gestionada por un nuevo ente bajo la fórmula de sociedad de capital mixto. Bajo estos parámetros, la Sociedad Mixta no estaría clasificada en el Sector Administraciones Públicas, de forma que su deuda y déficit no consolidaría con los de la Administración General de la Generalitat», señala el decreto.
Y aunque no entre a detallar la fórmula, una sociedad que queda fuera del perímetro de la Generalitat no puede tener mayoría pública. Dicho de otro modo, si la mayoría fuese del Consell, la Intervención General del Estado volvería incluir a las ferias y sus deudas bajo el paraguas de la administración.
En todo caso, la Generalitat se garantiza la supervisión de la feria, en la que ha invertido cientos de millones y cuyos activos cederá para su explotación: «Dado el carácter de interés público de la actividad ferial, la Sociedad Mixta deberá someterse a las directrices que emanen de las administraciones públicas competentes, de acuerdo con la legislación vigente», concluye el decreto.
