El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, aseguró ayer que el año agrario 2017 puede calificarse de «pésimo» debido a la crisis de precios en la mayoría de los cultivos y ganaderías, los efectos de la sequía y la aparición en el campo valenciano de la devastadora Xylella fastidiosa, la plaga vegetal detectada ya en explotaciones de Alicante y que ha arrasado el olivar de Mallorca y de Italia. Según el dirigente agrario, las pérdidas económicas para los agricultores como consecuencia de la sequía se elevan a un total de 450 millones de euros.
La falta de lluvias ha obligado a los propietarios de explotaciones agrarias a incrementar las horas de riesgo a lo largo de los doce meses del año -incluidos noviembre y diciembre, algo inédito hasta ahora- mientras el precio de la energía eléctrica ha subido en un 6 %. De este modo, los gastos en riego han aumentado en 20 millones de euros respecto a un ejercicio hídrico normal. Si en 2016 esta organización agraria cifró en 245 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la sequía, durante estos año la cuantía de las «nefastas» consecuencias que esta situación está reportando a la agricultura valenciana han sido muy superiores. A la pertinaz sequía se han sumado daños de consideración provocados por otras adversidades climáticas como las fuertes rachas de viento, que causaron ramedado y caída masiva de cítricos, así como lluvias persistentes durante varias semanas agudizando los efectos del pixat en clementinas y el rajado y la clareta en naranjas. También las heladas y el pedrisco generaron pérdidas. Según Aguado, la crisis agraria tiene su traducción más fidedigna en la evolución del abandono de las tierras de cultivo. En 2017 la superficie se redujo en 582 hectáreas, mientras en España aumentó en 27.521 ha.
Por otro lado, lamentó que la Conselleria de Agricultura carezca de un presupuesto «suficiente» y que el Consell «está pecando de un autoritarismo impropio» porque «funciona sin consenso. Escuchar no es consenso; consenso es negociar», agregó. Aguado criticó que el Consell no avance en el proceso legislativo de la Ley de Estructuras Agrarias, clave establecer incentivos fiscales e impulsar arrendamientos y gestión en común.
