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Deshaucios

Los afectados por los desahucios piden un precio máximo para el alquiler

La PAH reclama que por ley se fijen unos índices de referencia para que no se disparen los costes

Afectados por la plataforma se manifiestan ayer en la plaza del Ayuntamiento. levante-emv

La Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH) se manifestó ayer frente al Ayuntamiento de València para reclamar una ley estatal que fije un precio fijo máximo del alquiler para evitar la exclusión de una parte de la población que actualmente no puede acceder a la vivienda. Los manifestantes exigen que se establezcan unos índices de referencia por ciudades para evitar que las rentas se disparen. El colectivo también pide que aumente la duración de los contratos de tres a cinco años en caso de los pequeños propietarios y a diez años en el de los grandes propietarios.

La reclamación se produce en un contexto en el que la subida del precio del alquiler está expulsando del área metropolitana de València a los inquilinos. Seis barrios de València se han quedado sin pisos de alquiler a precios razonables, según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API). La situación es «especialmente preocupante» en Ciutat Vella, Russafa, Campanar, l'Eixample, Extramurs y la Patacona. ya que «apenas hay pisos para alquilar y los que salen al mercado lo hacen a precios muy elevados. Esta escasez de oferta ha elevado el coste de las rentas entre el 10 y el 15 % en el último año».

El problema está generalizado en las grandes ciudades, pero es especialmente grave en Madrid Barcelona y València. La situación se ha agravado por la rentabilidad que ofrecen los alquileres en las plataformas turísticas, que se ha elevado un 36 % en dos años.

Ante este aumento drástico del alquiler, la PAH propone regular los precios máximos de los arrendamientos a través de un índice estatal que tenga las características de la casa y el poder adquisitivos de las familias. Una medida que, según el colectivo, ya existe en París o Berlín, aunque subordinada a un índice local que fijan los ayuntamientos.

Marisol Polonio, una de las representantes de la PAH, lamentó que el precio de los alquileres es inalcanzable en València para muchas familias. «Yo vivo en Benimaclet y allí los pisos cuestan entre 800 y 1.200 euros por la demanda de los universitarios. Yo tengo dos hijos y una pensión de 725 euros. Es imposible vivir así. Hay gente que lo está pasando muy mal. Yo de momento vivo en mi piso, pero en cualquier momento me pueden desahuciar y no tengo donde ir», lamentó.

La plataforma también pide que la nueva ley recoja el derecho de alquileres indefinidos para víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y colectivos vulnerables. Además, solicitan que la ley dote a la Administración de la capacidad de realojar a las familias sin recursos en pisos vacíos de la banca.

«En València existen miles de viviendas sociales, de las cuales únicamente el 2 % están siendo entregadas con fines sociales. El resto de ellas están vacías mientras miles de familias siguen sin un hogar en el que vivir», lamenta Cristian Devis, miembro de la PAH.

Asimismo, solicitan una mayor seguridad en los contratos. «Muchas personas que acuden a nosotros en busca de ayuda, nos enseñan contratos falseados y pierden la posibilidad de recurrir en caso de algún problema», asegura Devis, quien aconseja que los contratos de alquiler deben ser cuñados y firmados por un notario.

La propuesta de la PAH ha llegado al Parlamento mediante una proposición de ley que cuenta con el respaldo de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCat y Bildu. El Gobierno tiene hasta marzo la posibilidad de interponer un veto a esta proposición, que implicaría que ni siquiera se pudiera debatir en el Congreso.

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