En la disputa que mantuvieron las consellerias de Hacienda y Economía sobre el peso que debería tener la administración en la futura gestión de la feria, el decreto que lo regula llegó a una decisión salomónica. «Una sociedad de capital mixto» sin mayoría pública, para que el Banco de España no la incluya en el sector público y, por tanto, el Consell no tenga que asumir sus pérdidas. El decreto especifica que, pese a todo, esa sociedad «deberá someterse a las directrices» del Consell. No obstante, la Intervención de la Generalitat ha puesto salvedades a esa supervisión porque entiende que puede acabar por volver a meter a la Feria en el perímetro financiero de la Generalitat. No va más allá.
