Podemos quiere elevar 10 puntos el impuesto de sociedades a las entidades financieras durante al menos cinco años para recuperar parte de los 40.000 millones de euros que recibieron a modo de rescate durante la crisis, según el texto de la 'Proposición de Ley para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades de crédito' que están impulsando en el Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press.

Con ese incremento del impuesto de sociedades, que la organización propone fijar durante cinco años, pero con posibilidad de prorrogarlo, se podrían recaudar en ese periodo de tiempo unos 5.800 millones de euros, según Podemos. "Con eso casi podríamos solucionar en problema de la dependencia", ha explicado el secretario general del partido morado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, poco antes de registrar el texto en la Cámara Baja.

La iniciativa consiste, en concreto, en modificar la ley del Impuesto de Sociedades mediante la introducción de una disposición transitoria que amplía, de manera temporal, el tipo de gravamen que se establece para las entidades de crédito que aparecen recogidas en el primer párrafo del artículo 29.6 de dicha Ley.

"Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2018, el tipo de gravamen establecido en el apartado 6 del artículo 29 para las entidades de crédito se verá incrementado en 10 puntos porcentuales. Dicho incremento se mantendrá durante los cuatro años siguientes al de su entrada en vigor y podrá ser objeto de prórrogas una vez finalizado este periodo por otros de duración similar", reza el texto.

Asimismo, la ley se completa con una primera disposición final relativa al régimen competencial, en la que se señala cuáles son los preceptos constitucionales que otorgan al Estado competencia para su aprobación, y una segunda disposición relativa a la entrada en vigor de la misma, que se fija al día siguiente de su publicación en el BOE.

Con esta iniciativa, el partido de Pablo Iglesias pretende convertir en ley una de las medidas que la formación morada llevó en su programa electoral de las últimas generales, en el que ya hablaba de un "impuesto de solidaridad" a la banca para recuperar parte del rescate financiero que se considera "perdido", y que el partido cifra en 42.590 millones de euros.

"Gracias a todas estas ayudas, la banca ha vuelto a tener beneficios. De hecho, de acuerdo a las estimaciones de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) sobre la recaudación del impuesto de sociedades, las entidades crediticias han recuperado una base imponible cercana a la que existía en 2009, antes de la crisis económica y financiera, que supera los 10.000 millones de euros en 2015", critica Podemos en su iniciativa.

"Contribución justa del sector financiero"

"Consideramos ineludible la introducción de este mecanismo tributario para, por un lado, recobrar parte de las enormes pérdidas en las que se ha incurrido por el rescate bancario, una vez que el sector vuelve a tener notables beneficios. Y, por otro lado, establecer una contribución justa del sector financiero", defienden en la proposición de ley.

Podemos ha acelerado la tramitación de esta propuesta después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pusiera sobre la mesa la pasada semana una medida similar, consistente en crear un impuesto a los bancos, con carácter finalista, para ayudar a costear las pensiones.

Aunque Iglesias y los suyos celebraron el "giro a la izquierda" de Sánchez, también señalaron que se trataba de una "copia" de su propuesta de las generales y, por ello, ahora han decidido adelantarse y registrar su iniciativa en el Congreso, con forma de ley, y para la que dan por hecho el apoyo del PSOE. "El PSOE ha dicho que nos va a apoyar, y les damos las gracias. Por fin el PSOE hace algo de izquierdas", ha asegurado Iglesias.

En cuanto al carácter finalista que propone el PSOE para costear las pensiones, Iglesias ha asegurado que lo que se debe buscar no es eso sino crear con lo recaudado con el impuesto un suelo de ingresos que sirva para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales, desde las pensiones hasta la educación.