El mercado laboral de la Comunitat Valenciana todavía arrastra un elevado volumen de economía sumergida. Los resultados de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre de 2017 y si se compara con datos medios de afiliaciones del sistema de la Seguridad Social al cierre del año pasado, indican la existencia de 2.035.800 trabajadores ocupados en la autonomía aunque el Ministerio de Empleo tan sólo reflejaba 1.783.748 cotizantes en sus registros; es decir unas 252.000 personas menos.
Así las cosas, el 12 % de los empleados valencianos no figuraba en las altas de la S. S. a lo largo de 2017, un porcentaje que resulta incluso superior al del inicio de la crisis económica de 2008 (10,7 % de ocupados sin cotizar) y tiene que ver sobre todo con el elevado número de trabajadores del sector servicios con contratos eventuales y a tiempo parcial.
Según la secretaria de Empleo y Formación de CC OO-PV, Ana García Alcolea, tras matizar que la EPA es trimestral y la estadística de la Seguridad Social mensual y se trata de un registro, «hay una diferencia de algo más de 200.000 personas entre una estadística y la encuesta de la EPA». En principio muestran la importancia de la economía sumergida» si bien tampoco toda esa diferencia puede indicar que «todos» se encuentran en situación irregular.
Inspección de Trabajo
«Entendemos que la problemática es importante y solo revisando actuaciones de inspección de Trabajo de empleo aflorado en el 2017 podemos intuir que existe un volumen importante», afirma Ana García. Mientras tanto, UGT recuerda que por su propia naturaleza la economía sumergida es difícil de cuantificar. Con todo, reclama a la Generalitat - al igual que Comisiones- «medidas efectivas frente este gran problema como la colaboración entre la Inspección de trabajo y Seguridad Social y el Cuerpo de la Policía Autonómica Valenciana.
Los técnicos de hacienda (Gestha) aseguran que la economía sumergida supone el 27% del PIB valenciano, genera más de 27.000 millones de euros y una pérdida recaudatoria para las administraciones que se cuantifica entre 2.500 y 3.000 millones de euros.
Desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) se aboga por «defender los principios de la ética y responsabilidad social en la práctica empresarial» . La patronal que preside Salvador Navarro apuesta por el compromiso en la lucha contra la economía sumergida . «Los ingresos por cotización a los diferentes regímenes de la seguridad social no alcanzan para hacer frente al pago de las pensiones, no nos podemos permitir que persista esta práctica», indica.
Según la CEV, la economía sumergida tiene un componente sociológico de falta de reproche social «que debemos atajar desde todos los flancos: desde campañas de sensibilización y lucha contra el fraude hasta la colaboración empresarial con la Inspección de Trabajo para desmantelar focos reconocibles de economía sumergida».
