El Consell derogó ayer, por «imperativo legal», la disposición que obligaba a las gasolineras a disponer de personal, una medida que había establecido en 2015 con el objetivo de garantizar la atención a los discapacitados.

Tal como adelantó Levante-EMV el pasado 23 de diciembre, era una decisión asumida por el Consell y forzada por la amenaza de una multa de la Unión Europea de hasta 600.000 euros al día. El Gobierno, consciente de la apertura del expediente sancionador en Bruselas, reunió de urgencia el 15 de diciembre a varias comunidades que tienen normativas similares, y les instó a retirar cuanto antes toda regulación encaminada a obligar a las empresas a que dispongan de personal. De hecho, en las últimas semanas varias autonomías están siguiendo este camino y han retirado sus decretos.

Se trata, por lo general, de medidas legislativas impulsadas los dos últimos años para frenar la proliferación de estaciones de servicio automáticas o gasolineras low cost, como se las conoce popularmente. Al contar con un personal mínimo (o prescindir de él), ofrecen precios más bajos.

La patronal que las agrupa, Aesae, denunció estas regulaciones ante la Comisión Europea, que ha asumido sus tesis. Los avisos de Bruselas a la Generalitat advierten de la vulneración del derecho de libre establecimiento, teniendo en cuenta que las gasolineras sin personal funcionan en buena parte de Europa.

Además, la CE defendía, como los denunciantes, que es «incoherente» fijar una medida para proteger a los consumidores (en este caso a los discapacitados), que al mismo tiempo «excluya la posibilidad de que se abastezcan a precios más bajos».

En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, el conseller de Economía, Rafa Climent, lamentó ayer que al eliminar esta obligatoriedad «se rompe las políticas del Pacto del Botánico que ponen en el centro a las personas».

El próximo jueves la Generalitat participará en una reunión en Bruselas, con miembros de la Comisión Europea, el Gobierno y las comunidades autónomas señaladas con el objetivo de evitar la multa. Con todo, el Consell seguirá «buscando fórmulas» porque debe «haber gasolineras inclusivas».