La concesión administrativa de Aumar, que ha disparado sus beneficios el año pasado al lograr 135 millones de euros (un 19 % más que el ejercicio anterior), en el tramo de la Comunitat Valenciana concluye en diciembre de 2019.
La enmienda presentada por el PP a la proposición no de ley de Unidos Podemos se debatió ayer en la Cámara Baja, Los populares reclaman recuperar la gestión pública de estas infraestructuras. En ella, el PP expresa su conformidad, tal como propone Unidos Podemos, a «mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas», y pide «medidas para minimizar el impacto y la afección que la situación de las autopistas en concurso pueden producir sobre los ciudadanos».
Autopistas quebradas
Asimismo, en el texto exigen garantizar la «disponibilidad» de estas infraestructuras «para quienes deseen utilizarlas y evitando que situaciones similares puedan llegar a producirse en el futuro».
Por otro lado, el Ministerio de Fomento iniciará el rescate de las nueve autopistas quebradas la próxima semana, el 21 de febrero, cuando pasará a hacerse cargo de la primera de ellas, la radial R-4 Madrid-Ocaña. Así lo anunció el titular del Departamento, Íñigo de la Serna, quien reconoció de nuevo que el coste de la liquidación de estas vías «tendrá impacto en el déficit público».
El Gobierno cifró en unos 2.000 millones el monto de esta «factura», la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño.
