Los pensionistas actuales y futuros se enfrentan al riesgo de sufrir grandes pérdidas en su poder adquisitivo (por encima del 20 %) en las próximas dos décadas, según el consenso de los investigadores económicos que han profundizado en los efectos que tendrán las reformas ya vigentes en el sistema público.
Ese mismo peligro se ha convertido en la bandera de las movilizaciones que están protagonizando los sindicatos y colectivos de jubilados en los últimos meses. ¿Qué consecuencias tiene el mecanismo de revalorización que se aplica ahora y qué opciones existen para evitar el desgaste en la renta de los pensionistas? Un reciente estudio concluye que blindar su capacidad de compra requiere un fuerte aumento de la deuda pública (por encima de 500.000 millones extra hasta 2038) o elevar significativamente la presión fiscal.
Las pérdidas. La reforma que el Partido Popular aprobó en solitario en 2013 sustituyó la revalorización de las pensiones con arreglo a la inflación (vigente desde 1997) por un mecanismo que vincula la subida anual a la situación financiera de la Seguridad Social.
La fórmula que se aplica da como resultado un porcentaje que puede ser positivo o negativo y que determina lo que pueden subir o en su caso deberían bajar las pensiones para que el sistema sea sostenible a largo plazo. Para evitar resultados social y políticamente inaceptables, el Gobierno estableció que las pensiones no bajarán en ningún caso y que tendrán una revalorización mínima del 0,25 % anual y una máxima equivalente al IPC más 0,5 %.
Se da por seguro que durante los próximos lustros, el saldo presupuestario del sistema será negativo, porque el aumento en los ingresos por cotizaciones no bastará para cubrir el incremento en el gasto en pensiones, espoleado por el envejecimiento demográfico. Así que las pensiones no subirán durante mucho tiempo más del 0,25 %. Considerando un escenario moderado de inflación (media anual del 1,8 %), un grupo de expertos de la Universitat de València cifró en el 22 % la pérdida de poder adquisitivo acumulada en veinte años por alguien que se jubile en 2018.
La nómina de quien ahora cobre 1.000 euros será, en poder de compra, equivalente a 780 en 2038.
Los costes. El mismo grupo de economistas ensaya cuál sería el coste de volver al mecanismo anterior y actualizar la pensiones según suba el índice de precios al consumo (IPC). «Naturalmente, se evitaría la pérdida de poder adquisitivo (...), pero la contrapartida es el déficit persistente en la Seguridad Social, cuyo efecto en forma de endeudamiento supondría más de un 30 % del PIB de deuda acumulada al final del período», señalan los investigadores. Conforme a estas cuentas, sería necesario un endeudamiento extra en veinte años superior a 500.000 millones de euros. Otra opción es obtener el dinero necesario mediante más impuestos, con una «presión fiscal adicional y creciente» que en el último año del período (2038) equivaldría al 2,8% del PIB (en torno a 40.000 millones de entonces).
El equipo de economistas valencianos plantea alternativas intermedias, como «mantener el poder adquisitivo de la pensión mínima, aceptando cierta pérdida de poder adquisitivo en el resto». Sugiere hacer nuevos ajustes en el sistema y enfatiza que la solución no puede fiarse «exclusivamente» al crecimiento económico y a los ingresos que éste pueda reportar.
Su visión es la siguiente: «A la vista de los cálculos, parece difícil conseguir que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en el futuro, si bien es cierto que este objetivo puede depender de la decisión de los representantes de los ciudadanos a la hora de establecer sus prioridades de gasto.
Tal vez sería lógico repartir la carga entre pensionistas y ciudadanía, sacrificando algo de poder adquisitivo de los primeros y aumentando algo la presión fiscal de los segundos». Determinar la parte del coste que tendrían que asumir unos y otros es un decisión política, concluye el estudio.
