El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana tenía al cierre de 2016 un saldo acreedor de 2,81 millones de euros con cuatro de las cinco corporaciones que existen en la autonomía. Un 53 % de esa cantidad, concretamente, 1,5 millones, procedía de convenios cobrados por la institución y no repartidos aún entre sus asociados, según las últimas cuentas hechas públicas por la entidad, las correspondientes a 2016. El Consejo es el interlocutor directo de la administración pública, singularmente la Generalitat, y el que firma los diferentes convenios en los que actúa como administrador de los fondos para su distribución entre las distintas cámaras.
El 47 % restante, o sea, 1,31 millones, correspondía a convenios pendientes. De los citados 1,5 millones, la parte más relevante la debía el Consejo a la Cámara de València, que también preside su máximo dirigente, José Vicente Morata. Se trataba en aquel ejercicio de 1,33 millones, es decir, un 88,6 % del dinero por convenios ya cobrados. La deuda por este concepto con la Cámara de Castelló ascendía a 110.534 euros, con la de Alicante, a 55.137, y con la de Alcoi, a 5.707. Orihuela había recibido su parte. De los 1,3 millones procedentes de convenios pendientes de cobro, casi la mitad -599.649- eran con València, seguida por Alicante (362.579), Castelló (269.193) y Alcoi (79.238).
Así las cosas, el Consejo adeudaba a la Cámara de Valencia al cierre de 2016 algo más de 1,93 millones, un 68,7 % de los ya mencionados 2,81 millones. El segundo lugar corresponde a la cámara alicantina (417.716 euros), seguida por la de Castelló (379.727) y la alcoyana (84.946).
En relación a 2015, la deuda global creció en 610.000 euros, fundamentalmente por los convenios pendientes, que en ese año subían a 650.000 euros. Los cobrados ascendían a 1,55 millones, 50.000 euros más que en 2016.
En 2014, el endeudamiento con las otras cámaras era de 3,81 millones, de los cuales 2,5 correspondían a la Cámara de València. El informe de la Sindicatura de Comptes de 2015 detalla que a 31 de diciembre de ese año el saldo acreedor de la citada corporación incluía la reducción de 260.000 que la entidad perdonó al Consejo para, según Morata, garantizar su viabilidad. El presidente afirmó el mismo día que, tras la minoración, la deuda había quedado en 1,52 millones. Sea como fuere, aquella condonación, tal como informó este diario, no evitó que en 2016 y en 2017 el órgano autonómico registrara un patrimonio neto negativo, lo que lo sitúa en quiebra técnica.
Si fuera una empresa privada tendría que ir a disolución. Como es una corporación de derecho público tutelada por la Generalitat, tiene margen de maniobra. El pasado agosto, la conselleria de Economía le instó a tomar medidas. Morata asegura que en 2018 se restablecerá el equilibrio patrimonial.
