No tienen la fuerza de dos sentencias del Supremo, las que sientan jurisprudencia, pero la Agencia Valenciana de Turisme está consiguiendo fallos pioneros en España con los que está ganando la batalla en los tribunales contra la oferta de apartamentos turísticos clandestinos. Al menos en lo que respecta a las plataformas digitales que los comercializan.
El contencioso administrativo 3 de València acaba de dar la razón a la Generalitat por la multa de 30.000 euros que impuso a una plataforma turística (Rentalia Holidays) tras su negativa a pedir a los propietarios de los pisos que comercializa su número de registro autonómico.
Es la segunda sentencia después de la que otro juzgado de València emitió en noviembre, de nuevo a favor de Turismo, tras otro recurso de Homeaway a su multa. La administración ha abierto 19 expedientes sancionadores contra estas plataformas tipo Airbnb. Algunas están rectificando; otras, acuden a la justicia.
El departamento que dirige Francesc Colomer ha adoptado una posición inflexible ante lo que entiende que es comercializar una oferta de intrusismo en un sector, el del alojamiento turístico, fuertemente reglado.
Las sentencias pioneras que ha logrado la administración valenciana han llamado la atención de otras autonomías turísticas también en guerra contra las plataformas. Baleares, Cataluña, País Vasco y Andalucía han pedido a Colomer su hoja de ruta y estas sentencias para tratar de frenar el fenómeno. Baleares acaba de imponer una fuerte multa de 300.000 euros a Airbnb por alquilar pisos sin licencia.
Nueva normativa en ciernes
La AVT ha entendido que obligar a estas web que controlan el mercado de alquiler de viviendas particulares para uso turístico es el camino más corto para controlar que los pisos sea oferta reglada. Porque esa matrícula, el número de registro, es la única garantía de que cumplen las normas urbanísticas del municipio en que se encuentre.
Con todo, la batalla legal del Consell contra las plataformas se solapa con el proceso normativo que se está tramitado en estos momentos en dos frentes y que puede cambiar el escenario. Las Corts están en la recta final de la elaboración de la nueva ley del turismo, donde Colomer quiere establecer que toda vivienda que entre en el circuito de comercialización necesite ese registro.
Podemos ha presentado una enmienda surgida de las asociación de vecinos que pide que el propietario que comercializa la propia vivienda donde reside (sin mediar una de estas web) un máximo de 60 días al año, no necesite ese registro.
En paralelo, el Ayuntamiento de València también está trabajando en los planes urbanísticos especiales de los distritos como Ciutat Vella donde la turistificación de València está causando más impacto. En ese proceso se enmarca la suspensión cautelar de licencias para hoteles en el centro. En ese plan se podría incluir alguna excepción para que los pisos de uso residencial puedan tener uso hotelero de forma esporádico. Una medida que podría ser contradictoria con lo que plantea la administración autonómica.
