n Las investigaciones policiales y judiciales sobre el hundimiento del sistema financiero valenciano siguen aportando novedades siete años después de que se consumara. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa que investiga en la Audiencia Nacional la juez Carmen Lamela sobre las operaciones realizadas en el Caribe por la CAM, Bancaja y el Banco de Valencia junto a los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó ha puesto de manifiesto que el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y el ex consejero delegado del banco, Domingo Parra, manejaron en Andorra una cuenta con 16 millones de dólares, según informaba ayer Las Provincias.

El titular de la cuenta era la empresa Summerville, propiedad de Ferri y Baldó, si bien el día en que se abrió la misma los empresarios alicantinos autorizaron la realización de determinadas operaciones a un sujeto denominado BCJ, que, tras una comisión rogatoria, el banco Andbanc desveló que ocultaba las identidades de Parra e Izquierdo. La libreta, según este rotativo, recibió un ingreso de 16 millones de dólares unos días después de que Ferri y Baldó obtuvieran unas plusvalías de 138 millones por la venta de dos fincas: Zacatón y Piedra Bolas. Los poderes de Parra e Izquierdo no eran ilimitados. La autorización les impedía sacar dinero, pero podían dar conformidad a extractos, efectuar cambios de divisa, constituir, renovar y cancelar imposiciones a plazo fijo y comprar o vender acciones.

A resultas de la mencionada comisión rogatoria, la juez Lamela y la Fiscalía Anticorrupción, que habían abierto una pieza separada y secreta a la instrucción principal, tuvieron conocimiento de la existencia de otra cuenta en el país de los Pirineos en la que también habían figurado Parra e Izquierdo. En este caso, junto al promotor Vicente Llácer y el presidente de Global Omnium (antigua Aguas de Valencia), Eugenio Calabuig. Los cuatro abrieron una cuenta, que, según ha sabido Levante-EMV, alcanzó los 1,5 millones de euros, si bien a Calabuig solo correspondieron 140.000 ingresados desde una cuenta que tenía en un banco de la capital cubana.

Tal como informó ayer El Confidencial, la cuenta iba a servir a los negocios que los cuatro desarrollaron a través de la mercantil Capital Residencial, fundada por el Grupo Ática de Llácer en 2003, financiada por el Banco de Valencia y en la que los cuatro participaban de forma directa o indirecta, según las periciales del Banco de España. La cuenta en Andorra se abrió en 2004. Los cuatro figuraron como apoderados hasta que en 2009 Llácer se hizo con la totalidad de las acciones de Capital Residencial y la titularidad cambió en favor de otra sociedad.

El pasado diciembre, declararon en sede judicial. Calabuig explicó que no tenía relación alguna con la banca andorrana desde 2009, mientras que Llácer, que siguió con la cuenta desde 2009 a 2012, relató que se había acogido a la amnistía fiscal habilitada por el ministro Montoro en 2012. Lamela debe decidir si sigue adelante con la causa o la archiva por prescripción o inexistencia de delito fiscal.

Apabankval

Diego Muñoz Cobo, abogado de Apabankval, la asociación de pequeños accionistas del Banco de Valencia que presentó la querella inicial contra la excúpula de la entidad, aseguró ayer a este diario que va a pedir al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que instruye esta causa que incorpore las actuaciones de Lamela sobre las cuentas andorranas a la causa para determinar si hay relación con la toma de control de Inversiones Financieras Agval y si se derivó algún perjuicio para los accionistas.