En un clima de dinamismo económico, con las empresas creando empleo, el paro aún disparado y las consultoras de recursos humanos asegurando que el 91% de las compañías han realizado alguna búsqueda de personal en el último año, sorprende que las ayudas públicas a la contratación se queden en el cajón porque nadie las quiere.
Eso al menos es lo que se preguntan en la Conselleria de Economía y el Servef respecto a las medidas de apoyo a la contratación indefinida de jóvenes.
Durante este pasado 2017, solo se produjeron 148 contrataciones fijas acogiéndose a estas ayudas, que son cuantiosas. Se trata de 7.926,24 euros, un 80% del salario mínimo interprofesional durante un año. En el caso de mujeres y jóvenes con alguna discapacidad, la ayuda es del 100% del SMI (9.907,80 euros). En total, se repartieron 1,29 millones de los dos millones presupuestados.
Peor aún funcionó la ayuda en 2016, cuando se presupuestaron tres millones y solo se concedieron 57 subvenciones. En estos dos años, más del 65% del importe se ha quedado sin ejecutar por falta de interés del empresario.
¿Qué ocurre, con casi 400.000 parados y el mercado en clara recuperación? Según entiende el Servef, el empresario continúa siendo temeroso a la contratación fija. Estas ayudas, a diferencia de otras, no van ligadas al mantenimiento de un puesto de trabajo durante un tiempo estipulado, sino que exigen la fijeza. Y en caso de que el trabajador no funcione, el empresario está obligado al despido, con las cargas económicas que supone.
Desde la patronal autonómica CEV se reconoce que la orden de ayudas a la contratación para empresas no tiene buena respuesta. «Las empresas no contratan para cobrar una subvención. Lo hacen para cubrir las necesidades generadas por un aumento de demanda del producto o servicio que ofrecen. Las empresas prefieren disponer de una mano de obra cualificada, dotada de competencias que mejore su productividad, a cobrar 3.000 euros por esta contratación», explican.
En opinión de la organización, estas ayudas están más orientadas a paliar la situación de colectivos vulnerables que a cubrir las necesidades de las empresas. En este contexto, proponen ligar estas ayudas al contrato de formación, «impulsando la formación dual real».
Por su parte, la administración también reconoce la necesidad de reorientar las ayudas de modo que tengan mayor alcance. En cualquier caso, la Administración insiste en que tiene que «subvencionar empleo de calidad», indefinido, y no un parche de unos meses para rebajar las cifras del paro. De momento, acaba de decidir con los agentes sociales que la nueva orden amplíe la cantidad de ayuda hasta casi 20.000 euros, el doble, para alargar la permanencia de la ayuda de uno a dos años.
