La llamada descarbonización de la economía conduce al coche eléctrico y a una creciente presión para desincentivar el uso de los motores de combustión y particularmente de los diésel. El principal instrumento de esa presión serán los impuestos, según se infiere de las políticas que está analizando el Gobierno español y de los informes de expertos en los que se basan. El más reciente de ellos lleva a la siguiente propuesta: elevar significativamente la carga fiscal sobre el gasóleo y al mismo tiempo aligerar la factura de la electricidad, en especial para las empresas.
Un comité de expertos nombrado por el Ministerio de Energía ha elaborado un documento que evalúa las repercusiones económicas de los distintos escenarios que se pueden dar camino del objetivo que Europa ha marcado para 2050: llegar a ese año con un modelo energético 100% renovable, libre de hidrocarburos. El estudio servirá de base a la ley que España debe elaborar para regular esa transición. Según fuentes cercanas al equipo redactor, uno de sus capítulos plantea cambios de alcance en la denominada fiscalidad verde, para que con ella se estimule el uso de las tecnologías limpias y se penalicen otras con arreglo al criterio europeo de que «quien contamina paga». Los coches diésel, más intensivos en emisiones de CO2, están en el punto de mira. La propuesta del citado grupo de expertos consiste en sustituir los actuales tributos especiales sobre el gasóleo y la gasolina por otros directamente vinculados a las emisiones de CO2. Se estima que una reforma así elevaría cerca de un 30% la imposición que ahora existe sobre el gasóleo (sin contar el IVA) y el 10% la de la gasolina. Paralelamente, el informe sugiere descargar la parte regulada del precio de la luz de ciertos costes (las primas a los productores renovables y otros no directamente relacionados con la producción, transporte y distribución de electricidad) y sufragarlos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Si bien en el documento no se establece una conexión explícita entre la nueva fiscalidad verde y los cambios en la tarifa eléctrica, el resultado de combinar ambas medidas supone que la Administración obtendría de los nuevos impuestos sobre los carburantes, y en particular de gravar el diésel, los recursos necesarios para abaratar el recibo de la luz y favorecer la competitividad de las empresas. Esta propuesta se produce a la vez que el Gobierno está considerando incluir un aumento de la fiscalidad sobre el gasóleo dentro de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Los impuestos (especiales e IVA) suponen ahora en torno al 49% del precio en España, mientras que la media de la UE supera el 57%.
Se encarecen los carburantes
Por último, hay que subrayar que los carburantes se encarecieron en el arranque del tramo principal de la Semana Santa. En concreto, el precio de la gasolina súper de 95 octanos ha subido de media un 1,31% en la última semana, mientras que el del diésel ha aumentado un 0,97%, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).
