El Gobierno ha vuelto a aplazar la elaboración de una norma que contemple que el tiempo dedicado a la mili o la prestación social sustitutoria compute como vida laboral para cobrar la pensión, una decisión que suscita las críticas de los partidos políticos que exigen que se cumpla la Ley.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 suspende de nuevo la aplicación de la disposición adicional vigésima octava que incorporó la reforma de las pensiones socialista de 2011. Este mandato establecía que el Gobierno debía presentar en el plazo de un año un proyecto de Ley para establecer un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconociera ese periodo de tiempo que retrasó o interrumpió las carreras de cotización de esos trabajadores.
Por otra parte, el PSOE defenderá mañana en el Pleno del Congreso varias medidas para lograr el equilibrio del sistema de pensiones, entre las que destacan cargar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) gastos de la Seguridad Social y aumentar los ingresos vía impuestos. Según la iniciativa, los socialistas quieren que el Congreso inste al Ejecutivo a «adoptar urgentemente medidas para asegurar su equilibrio financiero y corregir el déficit existente».
Vuelve la protesta
Además, los pensionistas vascos retoman hoy, tras el paréntesis por las vacaciones de Semana Santa, sus movilizaciones semanales para conseguir unas pensiones dignas y el mantenimiento del sistema público de pensiones. Los jubilados y las viudas de Euskadi llevan a cabo desde el pasado mes de enero una serie de acciones de protesta por la subida del 0,25 % de sus pensiones y reclamando la equiparación de la subida al IPC con una pensión mínima de 1.080 euros y la eliminación del factor de Sostenibilidad que supondrá una fuerte rebaja de las pensiones futuras.
