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Vivienda

Los promotores de vivienda cifran en 1.400 millones el impacto del Brexit en la Costa Blanca

Provia señala que la venta a británicos ha pasado de crecer un 50% anual a caer un 7% y recuerda el efecto "arrastre" que tiene el sector

Los promotores de vivienda cifran en 1.400 millones el impacto del Brexit en la Costa Blanca

A pesar de los mensajes tranquilizadores que lanzó el pasado martes el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, en el Club INFORMACIÓN, los promotores alicantinos siguen muy preocupados por las consecuencias del Brexit sobre el sector. Hasta la fecha, el resto de nacionalidades han compensado la caída de los ingleses en la estadística global, pero los empresarios señalan que eso no significa que no haya tenido consecuencias. Así la principal patronal del sector, Provia, cifra en 1.400 millones de euros el dinero que dejará de ingresar la provincia sólo por las viviendas que se han dejado de vender a los súbditos de Isabel II en este tiempo y el efecto inducido que hubieran generado sus compradores.

Como viene contando este diario, mientras que la llegada de turistas británicos a los hoteles de la Costa Blanca ha seguido creciendo, el inesperado resultado del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE sí provocó un freno en las operaciones inmobiliarias, que fue muy acusado en los primeros meses -con retrocesos de hasta el 30%- aunque luego se fue atenuando.

El resultado es que, mientras que la venta total de viviendas a extranjeros ha aumentado del entorno de un 17% anual en este tiempo, los británicos han reducido sus compras un 7%. Aunque la caída puede parecer pequeña, desde Provia recuerdan que en los ejercicios anteriores este mercado venía registrando incrementos superiores al 50%, por lo que el contraste es absoluto.

Los propios promotores reconocen que estas cifras eran difíciles de mantener pero estiman que, sin el Brexit, las operaciones habrían crecido al menos un 25% anual. En números absolutos, esto hubiera supuesto que los británicos habrían adquirido el año pasado alrededor de 7.500 casas en la Costa Blanca frente a las 4.499 que compraron realmente. Si se tiene en cuenta que el importe medio que suelen gastar los británicos es de unos 135.000 euros, esto significa que el sector inmobiliario ha dejado de ingresar más de 405 millones de euros.

Sin embargo, la patronal recuerda que diversos estudios señalan que el efecto inducido por este tipo de operaciones se calcula en 3,5 veces el importe de la propiedad, lo que incluye el efecto arrastre de la construcción sobre otros sectores, el pago de impuestos o el gasto de toda clase que realizarían los compradores de la vivienda mientras residieran en ella. Es decir, que el impacto total sería de unos 1.400 millones, según sus cálculos, una cantidad muy a tener en cuenta.

En este sentido, el principal temor de Provia es que el Gobierno se conforme con que los turistas que vienen a pasar sus vacaciones no tengan que obtener visado para entrar en el país -lo que prácticamente parece garantizado, según dijo el martes el secretario de Estado de Asuntos Europeos- y no luche lo suficiente por conseguir que también se mantengan las condiciones para los que quieran establecerse en la zona, que son los que compran los inmuebles.

Así, el acuerdo preliminar alcanzado entre Londres y Bruselas garantiza que los actuales residentes -siempre que acrediten cinco años en el país- mantendrán de por vida las mismas condiciones que ahora, incluido el acceso a la sanidad, que resulta clave para muchos de ellos. Sin embargo, nada se sabe todavía sobre las condiciones para los ciudadanos británicos que quieren fijar su residencia en España u otro país europeo a partir de este momento, lo que supone un freno para realizar una inversión tan importante como es comprar una casa.

Como apuntó Jorge Toledo en el Club INFORMACIÓN, todo dependerá de las negociaciones que se establezcan una vez que el Brexit sea efectivo. Sin embargo, Provia quiere que el Gobierno «sea consciente de la necesidad para Alicante de asegurar el acceso a los servicios de salud y la integración, como hasta ahora, de los residentes británicos», incluidos también los derechos políticos, es decir, que voten en las municipales.

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