Los bancos tienen más de tres mil viviendas de protección oficial vacías en la Comunitat Valenciana, según consta en el registro oficial de ocupación de la Generalitat Valenciana. Treinta y seis entidades financieras distintas han comunicado a la Conselleria de Vivienda que acumulan en sus balances 5.872 inmuebles «sociales» vacíos u ocupados. Destaca por el volumen de viviendas protegidas las de la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria -Sareb- (1.634), Cajamar (1.058), Bankia (832), Sabadell (517) y Santander-Aktua (355). Respecto a los pisos deshabitados, seis entidades financieras han informado voluntariamente a la Generalitat que tienen un total de 3.291 vacíos. La Sareb acumula en total en las tres provincias una bolsa de 9.299 viviendas (7.665 de renta
Estos inmuebles en manos de los bancos se quedaron vacíos con el estallido de la burbuja. Los bancos se hicieron con un importante stock de pisos al asumir la propiedad de edificios que los promotores no fueron capaces de sacar adelante y como resultado de los embargos a hipotecados que no pudieron hacer frente a sus créditos.
Algunas entidades financieras están vendiendo a precio muy por debajo del de mercado paquetes con este tipo de viviendas a fondos de inversión. Cajamar acaba de traspasar a la multinacional noruega dedicada a la gestión de negocio de deuda Axactor 276 inmuebles en la Comunitat Valenciana. La entidad ya vendió en diciembre la cartera «Tango», que estaba compuesta por 400 activos en toda España. Un 30 % de ellos eran inmuebles en la Comunitat Valenciana (120 viviendas).
BBVA vendió a Cerberus a finales de año el 80 % de su negocio inmobiliario por un precio aproximado de 4.000 millones de euros. El banco presidido por Francisco González alcanzó un acuerdo con una filial de Cerberus Capital Management (Cerberus) para crear una sociedad conjunta de negocio inmobiliario en España. De este modo, la entidad redujo casi por completo su exposición al «ladrillo».
Los bancos que no comunican a la Generalitat Valenciana su stockLa Generalitat también está tratando de llegar a acuerdos con las entidades financieras para que cedan las viviendas de protección oficial y cumplan su fin social. Rebeca Torró, directora general de Vivienda, apuntó: «La información que nos remiten los bancos nos ayuda a conocer cuál es la realidad del parque público y nos permite saber a ciencia cierta de qué cantidad de inmuebles disponen. Estamos intentando firmar con ellos convenios que permitan la cesión de estas viviendas».
Expropiaciones
Torró añadió que la conselleria está trabajando en el desarrollo normativo de la ley de función social de la vivienda que fue aprobada hace un año. «Aunque los artículos sobre la expropiación de las viviendas sociales están recurridos ante el Tribunal Constitucional y suspendidos cautelarmente, gracias a que los bancos están facilitándonos en muchas ocasiones de forma voluntaria la cantidad de inmuebles que tienen podemos encontrar soluciones adicionales», subrayó la directora general.
