El Gobierno central va con toda la artillería contra la regulación de horarios comerciales de la Generalitat. Si la semana pasada, tal como adelantó este diario, se conoció que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ponía en solfa varios preceptos sobre esta materia recogidos en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2018, ayer trascendió que ha extendido los mismos argumentos y por los mismos motivos, tal como preveía el Consell, a la ley de horarios comerciales aprobada por las Corts hace dos meses.

En ambos casos, el Gobierno insta a la Generalitat a resolver sus discrepancias en la comisión bilateral entre ambas administraciones como paso previo para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que, de ser admitido a trámite por el Alto Tribunal, tendría serias consecuencias, dado que paralizaría la aplicación de la citada ley comercial.

El primer aspecto al que apunta el Gobierno es que la Generalitat imponga el cierre del comercio en determinados días del año. El Estado reconoce la competencia de la autonomía para regular en materia de comercio interior y, por tanto, regular los horarios comerciales: «Pero no puede establecer qué domingos y festivos serán inhábiles a efectos comerciales». La normativa autonómica establece que los días 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo, 9 de octubre y 25 de diciembre o 26 de diciembre, no tienen la apertura permitida.

Por otro lado, el Estado recurre un segundo aspecto de la nueva normativa: el plazo de caducidad de cuatro años que se fija para las zonas de gran afluencia turística (ZGAT). La Abogacía del Estado entiende de nuevo que puede contravenir la ley estatal básica. Y lo considera un límite al libre mercado.