La Comisión Europea presentó ayer su primera propuesta para el próximo presupuesto de la UE, que abarca desde 2021 hasta 2027, en el que plantea recortar los fondos de la Política Agraria Común (PAC) un 5 % en comparación con el período anterior, con lo que quedarían en 365.000 millones de euros, según aseguró ayer el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado.
La nueva PAC destaca la figura del agricultor sobre el que concentrar las ayudas directas de forma prioritaria y que ahora Bruselas insiste con este concepto: el de «agricultor genuino». En la práctica, esa definición podría dejar sin fondos al 80 % de los profesionales a tiempo parcial valencianos, que son los que tiene el campo de la Comunitat, dominado sobre todo por estructuras minifundistas. Según la Seguridad Social, la autonomía tan solo cuenta en la actualidad con algo más de 53.000 afiliaciones en el Régimen General Agrario.
Principales reformas
La próxima PAC introduce la citada definición de «agricultores genuinos» y sostiene que tendrá que ser desarrollada por cada Estado Miembro. Esta caracterización, según destaca la Unión de Pequeños Agricultores, tendrá que estar basada en la importancia de los ingresos agrícolas sobre los totales del beneficiario. Esta definición no sería excluyente, pues solo tendría carácter prioritario para poder acceder a determinadas ayudas.
Y la base del nuevo modelo se establece en función a los planes estratégicos que deben firmar los Estados miembros con la Comisión Europea. Estos programas incluyen tanto el llamado pilar I (ayudas directas) como el II (Programas de Desarrollo Rural, que cofinancian los Estados miembros y la comunidades autónomas).
«En en el caso de España, tendríamos la dificultad añadida de las competencias territoriales y la posibilidad de tener un plan estratégico por cada autonomía, con criterios y ayudas diferentes», ya que unas apoyan la agricultura mediterránea y otras, los cultivos continentales, advierten las organizaciones agrarias.
Medidas de mercado
Esos planes estratégicos deben analizar la situación del sector y establecer medidas concretas con el objetivo de alcanzar unos objetivos establecidos por la Comisión Europea al inicio del período. Estos objetivos se dividen en tres bloques: productivos o económicos, medioambientales y sociales.
La Asociación Valenciana de Agricultura (AVA-Asaja) asegura que la figura del «agricultor genuino» es un tanto difusa y habrá que esperar al reparto de las ayudas directas, que no son las más importantes para el campo valenciano, sino las destinadas a medidas de mercado como las subvenciones para retirada de fruta por situaciones excepcionales, a inversiones, a organizaciones de productores o seguros por pérdida de ingresos.
En ese sentido, la organización presidida por Cristóbal Aguado aplaude el criterio de subsidiariedad que aplicará la nueva PAC al dejar en manos de los Estados la puesta en marcha de los mencionados planes estratégicos.
La Unió de Llauradors, sin conocerse todavía los detalles del marco financiero plurianual, considera que la UE «no debe olvidar los objetivos del artículo 39 del Tratado fundacional de la UE, que indica la necesidad de incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular de la mano de obra», explica la organización agraria valenciana liderada por Ramón Mampel.
Tope máximo de 60.000 euros
Bruselas propondrá establecer un tope en los pagos directos de la futura Política Agrícola Común de 60.000 euros por explotación, según ha desvelado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.
El Ejecutivo comunitario presentará su propuesta definitiva para reformar la PAC a finales de este mes o principios de junio. Además, el político irlandés ha asegurado que Bruselas ha propuesto recortar un 10% la cofinanciación de la Unión Europea en programas de desarrollo rural.
