La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamena ha dado por concluida la instrucción de la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en las inversiones hoteleras que realizó la CAM en el Caribe a través de la sociedad Valfensal, y ha ordenado el procesamiento de 13 personas por los supuestos delitos de apropiación indebida y/ o administración desleal, además de un posible delito fiscal, en el caso de los socios de la entidad.
Se trata del exdirector general de la caja Roberto López Abad; el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil, los ejecutivos César Véliz y Vicente Sánchez; además de los empresarios Juan Ferri y José Baldó -socio de la entidad en estos negocios-, y uno de sus empleados, Francisco Climent.
El auto también propone que se juzgue a seis miembros de la comisión de control de la CAM, que formaban parte de la denominada comisión de control de TIP -la filial con que la entidad realizaba sus inversiones inmobiliarias- y que, según la juez, tenían conocimientos suficientes para analizar las operaciones que, se supone, debían supervisar. Son su expresidente Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez, Dolores Mataix, Francisco Grau y Jose Manuel Uncio, que también llegó a ser director del Instituto Valenciano de Finanzas con el PP.
La sala enmendó a la juez
La decisión se toma después de que la Sala de lo Penal de la sección tercera de la Audiencia Nacional enmendara a la juez Lamela, que había ordenado el sobreseimiento de la causa contra los directivos al considerar que no se había producido apropiación indebida y sólo quería mantener la instrucción por un delito fiscal contra los empresarios Ferri y Baldó. La juez argumentaba que no se podía entender que hubiera apropiación indebida o administración desleal porque los créditos que concedió la CAM a Valfensal para la compra de varios hoteles y parcelas en el Caribe Mexicano, la República Dominicana y Tenerife -a pesar de todas las irregularidades detectadas en su tramitación- nunca llegaron a impagarse, por lo que entendía que no hubo perjuicio.
Sin embargo, el Fondo de Garantía de Depósitos -el organismo que paga el rescate de la CAM- recurrió y recordó que, con independencia de si se produjo o no el impago, el organismo se vio obligado a inyectar a la entidad 28 millones en provisiones por las posibles pérdidas de estas operaciones en el momento de su intervención, un dinero que ya no ha recuperado. Un argumento que la Audiencia Nacional aceptó y obligó a reabrir la causa contra los ejecutivos de la caja.
La causa investiga investiga las supuestas irregularidades cometidas por los ejecutivos de la CAM en la creación del grupo Valfensal, que la entidad puso en marcha junto a los empresarios Juan Ferri y José Baldó para constituir un grupo hotelero en el Caribe. En total, llegaron a adquirir a través de esta sociedad dos hoteles en la Riviera Maya -el Hotel Caracol y el Gala- y dos parcelas para la construcción de otros tantos complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana. Además, la sociedad también se hizo cargo de la gestión de un resort que la CAM tenía en Tenerife.
En la mayoría de los casos, los créditos para realizar las operaciones se habría hecho, supuestamente, sin guardar los procedimientos de control de riesgos habituales, hasta el punto de que el perito del Banco de España que testificó durante la instrución llegó a afirmar que eran el "paradigma" de las "malas prácticas bancarias". Sin embargo, a pesar de ello, la sociedad no impagó ninguno de los préstamos y Ferri y Baldó compraron al Sabadell su parte, cuando el banco se hizo cargo del negocio financiero de la CAM.
Adicionalmente, la causa también investiga si Ferri, Baldó y su empleado Francisco Climent cometieron delito fiscal al gestionar los hoteles a través de una filial creada en Curaçao, un compañía que podría ser sólo una pantalla para evitar el pago de impuestos. De esta forma, según la Agencia Tributaria, habrían dejado de ingresar al fisco español 11,6 millones de euros.
Exculpados
Por otra parte, el auto acuerda sobreseer y archivar las atuaciones contra el resto de miembros de la comisión de control de la CAM, que estaban inicialmente imputados, entre los que se encuentran el expresidente de la Cámara de Comercio José Enrique Garrigós, además de Juan Gual, Juan Hernández, Noelia Sala, José Ruzafa, César Estrada e Isabel Cambronero. También se archivan las diligencias contra los empleados de Mar Confort Neus Tarrés, Ramón Serrano, Mar Muñoz y Refeca Alfonso.
Tras el auto de procesamiento, ahora serán las partes las que deban decidir si acusan o no acusan a los imputados y solicitar las penas correspondientes. Se trata de la cuarta causa que llegaría juicio por los supuestos desmanes cometidos en la gestión de la CAM tras la que se celebró por los créditos del expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, que se zanjó con la absolución de todos los acusados; la pieza principal por el falseamiento de las cuentas de la caja, en la que se condenó a los directivos Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez a penas de hasta cuatro años, que ahora están recurridas ante el Supremo; y el juicio que se iniciará la próxima semana por las dietas de 600.000 euros que recibió el expresidente Modesto Crespo.
