Si una oferta lo suficientemente tentadora por parte del fiscal no lo remedia, el juicio por el cobro por parte del último presidente de la CAM, Modesto Crespo, de 600.000 euros en dos años en concepto de dietas que hoy arranca en la Audiencia de Alicante tendrá que celebrarse pese a que el empresario ilicitano, y principal acusado, haya pactado con el fiscal Felipe Briones la admisión de los hechos y una pena mínima para evitarlo.
Tal y como este diario adelantó el viernes, Crespo ha confesado el cobro indebido de esa cantidad, una parte con carácter retroactivo, a cambio de una condena que no llegaría al año de prisión (frente a los cuatro que se le reclaman) y la devolución del dinero: 200.000 euros ahora y el resto en cómodos plazos durante los próximos dos años.
Reducción de la multa
De dar el visto bueno el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, Crespo conseguiría además una rebaja en la multa que se le solicita y librarse de pasar por el trago de su segundo juicio en menos de un año tras el del falseo de la cuentas, del que salió absuelto. Su presencia en el caso de las dietas sería parecida a lo que en la recién celebrada vista oral por la financiación ilegal del PP ocurrió con los empresarios, entre ellos Enrique Ortiz y los hermanos Martínez Berna, que admitieron los pagos al partido a cambio de una rebaja en la petición de pena que les libra de la prisión. Los empresarios sólo tuvieron que comparecer ante el tribunal el primer y el último día de una vista que ha durado semanas y han resuelto sus problemas con la Justicia con el pago de un multa.
Pero la senda que ha abierto Crespo y que pilló a todos por sorpresa, no parece que estén dispuestos a seguirla sin más gran parte de los acusados por las dietas, entre ellos el exdirector general Roberto López Abad y los 19 miembros del consejo de administraciónque dio luz verde a los pagos. La mayoría, los que sostienen que la retribución nunca se llevó al consejo y que se introdujo posteriormente en el acta tras manipularla, no son partidarios de admitir los hechos de los que se les acusa y que vienen asegurando que desconocían desde que comenzó la instrucción. Aunque eso les suponga tener que someterse a un juicio y a la incertidumbre de que puedan resultar condenados, máxime cuando el receptor de los pagos, y principal acusado, ha admitido el relato de la acusación pública.
A los partidarios de que se celebre el juicio para demostrar, afirman, que es cierto que se les engañó sobre las retribuciones a Crespo únicamente les interesa la oferta de una absolución por parte del fiscal. En principio, y a tenor de los contactos que durante el fin de semana han venido manteniendo defensas de los acusados, no estarían dispuestos a aceptar otra propuesta, aunque los hay que dudan de que Anticorrupción contemple un margen tan amplio de maniobra.
Como en los trajes de Camps
En el supuesto de no alcanzarse una conformidad global, un escenario que a últimas horas de ayer era el más factible, ocurría algo similar a lo que sucedió en el proceso por los trajes de Francisco Camps, donde se dictaron dos sentencias. En aquel caso hubo una condenatoria para quienes admitieron los hechos (el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el técnico de Turismo Rafael Betoret) y otra absolutoria para los que se sometieron a juicio (el expresidente Camps y el exsecretario general Ricardo Costa).
