Una inyección de confianza en la espinosa cruzada que libra el Consell para salir del pozo económico. Así se interpreta el mensaje que ha lanzado a los mercados la agencia internacional de calificación Standard and Poor´s (S&P) con su decisión de revisar al alza la perspectiva de la deuda a largo plazo de la Generalitat, que pasa de la consideración de «estable» a «favorable». Aunque la nota de solvencia de la C. Valenciana se mantiene por debajo del aprobado (con el rating BB), el último informe de la compañía supone un rayo de luz en el negro panorama financiero que mantenía estancadas desde hace tres años las expectativas crediticias, después de que el déficit se haya reducido por encima de las previsiones en 2017.

El incremento de los ingresos derivado de la recuperación económica, el control de gasto y las inyecciones del Gobierno Central han contribuido a la mejora de la puntuación. El Consell cerró 2017 con un déficit del 13,6 % (si se contemplan los ingresos y gastos de capital), un porcentaje tres puntos superior al registrado en 2016 y dos puntos por encima de las predicciones de S&P. La agencia ve factible que, bajo las actuales circunstancias, el déficit ssiga retrocediendo hasta situarse en el 10% de los ingresos en 2020.

El informe pone encima de la mesa la posibilidad de mejorar la calificación de la C. Valenciana en un futuro, una medida que ayudaría a atraer a los inversiones ahora ahuyentados por el riesgo. Para ello, sin embargo, el actual incremento sostenido de los ingresos y el estricto control sobre el gasto debería ir acompañado de medidas extraordinarias que permitieran rebajar el déficit en el entorno del 10% de los ingresos totales. Otra opción respaldada por S&P es que el Gobierno acepte la condonación de una parte de los préstamos con la C. Valenciana, de forma que la descomunal deuda acumulada disminuya por debajo del 270% de los ingresos corrientes respecto al 328% actual. Esta es una de las grandes reivindicaciones que mantiene el Consell en su pulso con el Ejecutivo Central para conseguir una reforma de la financiación autonómica que la propia agencia internacional considera crucial para corregir las desigualdades económicas entre las diferentes regiones españolas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las autonomías infrafinanciadas, como es el caso de la C. Valenciana, donde, además, se constata un «perfil socioeconómico menos favorable y más débil» que otras regiones, con un PIB per cápita inferior al promedio español. Sin embargo, S&P tiene pocas esperanzas en la reforma de la financiación y lamenta que los cambios se sigan posponiendo debido a la «inestabilidad política».

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, interpretó ayer el informe de la agencia como un «reconocimiento» a la gestión de la Generalitat, que «está incrementando la confianza» a nivel internacional. «Difícilmente algún gobierno del pasado podría haber tenido este incremento del rating», subrayó. A juicio de Soler, la revisión al alza de la perspectiva de la deuda supone «todo un aval» de una entidad independiente que certifica que «las cosas se están haciendo bien» frente «a los desórdenes del pasado», agregó el conseller. Soler destacó «el rigor presupuestario» y el incremento de «los niveles de control y transparencia» respecto a épocas pasadas.

En la conselleria consideran que la mejora de la perspectiva de deuda representa «una constatación de la recuperación de la credibilidad de las instituciones valencianas también en el ámbito internacional».

Objetivo de déficit

S&P sostiene que el marco institucional español «apuntala la consolidación presupuestaria» de la Generalitat y recalca la importancia del apoyo financiero brindado por el Gobierno a través del FLA para facilitar la convergencia hacia los objetivos de déficit. Ahora bien, el informe atribuye en parte los saldos negativos de la C. Valenciana a la rigidez presupuestaria del gobierno autonómico, a las transferencias por debajo de la media del Estado respecto a otras regiones y «a los grandes gastos que la Generalitat no ajustó rápidamente cuando los ingresos cayeron bruscamente» tras el estallido de la crisis financiera de 2008.