Las tensiones que se están produciendo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la desescalada nos invitan a reflexionar sobre los procesos de toma de decisiones en organizaciones complejas y evidencian la necesidad de entender cómo funcionan los sistemas de organización federal.

Hace unas semanas el president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmaba: «el centralismo no es inteligente». Esta frase resume uno de los principios básicos de la dirección de empresas: frente a situaciones complejas es mejor descentralizar parte de la toma de decisiones hacia las unidades que están más cerca de los problemas. Es tan evidente que la propagación de la covid-19 no ha afectado de forma uniforme a todo el país, ni que todas las autonomías tienen la misma dotación de recursos sanitarios ni la misma estructura sectorial, que no era lógica la resistencia del gobierno central a pilotar con mando único la orquestación de la desescalada. En un país marcado por la diversidad y la complejidad interna, se requieren planteamientos más abiertos e integradores que una simple respuesta centrípeta. En este sentido, no han sido descabelladas las sugerencias que algunos presidentes autonómicos han presentado para poder tener un mayor protagonismo en el diseño de la vuelta a la nueva normalidad.

En sistemas organizativos en los que existe un núcleo central y distintas filiales (léase territorios), el excesivo centralismo puede generar falta de adaptación y pérdida de oportunidades; igualmente, la excesiva autonomía de las filiales no permite aprovechar todo el potencial sinérgico, y conlleva, en numerosas ocasiones, la falta de eficiencia y solidaridad.

Para responder a este dilema la literatura académica sugiere recurrir a los modelos federales de organización, basados en una planificación estratégica centralizada y una implementación flexible, adaptada a las idiosincrasias de cada filial. En los sistemas jerárquicos se distinguen claramente dos partes: la encargada de pensar la estrategia y la responsable de implementarla. En los sistemas federales, como el propuesto, la capacidad para pensar no está restringida a un centro en exclusiva, sino que se expande también a la periferia.

La frase «piensa global, actúa local» ilustra los pilares de este modelo. Algunos elementos se sustentan en las fortalezas centrales del sistema, otros en competencias y respuestas locales. Además, las ideas innovadoras emanadas en cada uno de los territorios deben permitir al cerebro central aprender y canalizar estos aprendizajes hacia otras localizaciones. Las filiales pueden gozar de autonomía pero para sumar.

Coordinación y flexibilidad; integración y diferenciación son los principios organizativos para hacer frente a los cambios rápidos e impredecibles. Principios que lubrican el sistema y orientan la toma de decisiones y la resolución de los conflictos mediante procesos de negociación laterales más que por la ejecución de la autoridad jerárquica y la uniformidad. Este modelo de toma de decisiones debe incorporar una cartera flexible en los procesos de coordinación: algunos territorios requerirán de una mayor centralización, otros de una mayor autonomía.

En estos modelos es fundamental cómo se comparte la información de manera que todos sus integrantes sean conscientes de las estrategias y objetivos primordiales. Aquí, sinceramente, reconociendo el esfuerzo ingente que están realizando nuestras autoridades autonómicas y locales, hay margen para la mejora.

En este sistema de gestión y de decisiones compartidas, tampoco hay que dejar al margen a los ayuntamientos. Afortunadamente, el Gobierno está flexibilizando su posición y se camina acertadamente hacia una combinación de las distintas realidades. Estaría bien que esta crisis pudiera convertirse en un primer paso para consolidar un modelo federal de organización territorial alejado del centralismo de bandera o del nacionalismo insolidario que tanto emponzoña el sano debate de ideas.