El conflicto diplomático que enfrenta a España con Argelia tras el acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el Gobierno de Marruecos sobre el Sáhara está pasando factura al tráfico comercial del Puerto de València con el país norteafricano. Así, durante los cinco primeros meses de 2022 la actividad del recinto del Grao con Argelia se ha reducido a 70.000 contenedores, lo que supone una caída del 18% respecto a idéntico período de tiempo del año anterior. El asunto no pasa desapercibido al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), cuyo presidente, Aurelio Martínez, reconoció ayer la preocupación de las navieras y del resto de la cadena logística que operan entre València y Argelia, país que sigue siendo el quinto en el 'ranking' con mayor movimiento de mercancías de Valenciaport, tan solo superado por Estados Unidos, China, Italia y España.
Más allá de la tensión abierta en el suministro de gas -Argelia es el principal proveedor de este carburante a través del gaseoducto submarino Medgaz- la Autoridad Portuaria de València, entre otras del Mediterráneo, se encuentra pendiente de la nueva hoja de ruta que marque Argel en el comercio exterior, ya que, según prevén, podría afectar a sus relaciones económicas en el largo plazo. Valenciaport y los puertos de Argelia intercambian sobre todo el transporte de contenedores en tránsito, pues estos suponen alrededor del 80 % del tráfico total de la APV con el país norteafricano. “Hay una clara desaceleración en este mercado”, advirtió Martínez al término del consejo de administración de la APV.
Problemas de congestión
A vueltas con las posibles movilizaciones en el transporte terrestre en España por la subida del precio de los carburantes, que podrían convocarse la próxima semana, el presidente de la APV también expresó su preocupación por la posible movilización en toda España porque tendrá un impacto directo en los muelles de carga y descarga del Puerto de València. Uno de los sectores más afectados es el agroalimentario. Martínez advirtió de que la congestión en los muelles de mercancías de este emplazamiento marítimo, al igual que otros grandes puertos de Asia o de Estados Unidos, sigue afectando a la actividad durante esta parte final del primer semestre de 2022. “Algunos tráficos de transbordos de València se están desviando a otros puertos por parte de las navieras”, apuntó Martínez. En el acumulado del año, la coyuntura económica todavía muestra un resultado negativo para Valenciaport tanto en el tráfico total de mercancías con un descenso del 1,34% y de contenedores, con una bajada del 6,31%. Por sectores, bajan todos los dedicados a exportación, mientras que las importaciones de gas natural (sobre todo por los envíos de Estados Unidos) se triplican respecto a los cinco primeros meses de 2021.
La APV ultima el mecanismo para reducir la congestión en sus terminales a través de una serie de recargos por la permanencia de los contenedores
Para evitar esos niveles de colapsos en sus muelles, que han llegado al 90% de su capacidad, la APV está ultimando el mecanismo para reducir la congestión en sus terminales a través de una serie de recargos por la permanencia de los contenedores. Según el director general de Valenciaport, Francesc Sánchez, está “prácticamente consensuado con empresas y navieras este mecanismo técnico de explotación”. En esta línea, el consejo de administración de la APV ha aprobado las tarifas máximas de APM Terminals Valencia en la que se ha instaurado una tarifa por estancia de los contenedores. Ha aprobado una subida del 12,31% para evitar que los contenedores de importación y exportación estén demasiado tiempo en las terminales y limiten la rotación de los mismos.
El consejo de administración de la APV espera poder contar con el informe de estrategias marítimas del Ministerio para la Transición Ecológica. "Antes de verano podría llegar. Faltaría el visto bueno del consejo de la APV y luego el visto bueno del consejo de ministros", agregó Martínez.
Martínez: "La ZAL es para usos logísticos"
El presidente de la Autoridad Portuaria de València comentó que los territorios de la ZAL que la vicealcaldesa, Sandra Gómez, propone adquirir, son propiedad de SEPES (firma pública del Gobierno central). Así, la APV no tiene "nada que decir". Con todo, sí puntualizó que le gustaría que se dedicaran a actividades logísticas y que "la mejor política progresista" es generar empleo para los vecinos del barrio de Nazaret. La APV advierte de que todavía está pendiente de resolución el recurso de casación presentado por la anulación del Plan Especial de la ZAL. En su opinión, "el principal problema" de Nazaret es su tasa de desempleo del 48,8% y que cuando se propuso la ZAL sacaron a concurso las adjudicaciones con cláusulas que indicaban que las empresas debían "tener la sensibilidad de contratar parados de Nazaret".
