El PSPV se opone a que grandes grupos económicos compren acciones de la CAM

Jorge Fauró, Alicante El sistema financiero español tiene hoy su mirada puesta en Alicante. La CAM puede convertirse esta tarde en la primera caja de ahorros de España en aprobar la emisión de cuotas participativas, acciones sin derechos políticos que cotizan en Bolsa y obligan a la entidad a ponerse en valor. Tras acordar un aplazamiento de la emisión el pasado septiembre, el Consejo de Administración de Caja Mediterráneo somete esta tarde el asunto a aprobación con la negativa prácticamente asegurada de los sindicatos y un posicionamiento de los socialistas muy condicionado.
Al cierre de esta edición, los seis vocales en representación del PSPV no tenían su voto decidido. Aunque son minoría en el Consejo, el director general de la caja, Roberto López Abad, y el presidente, Vicente Sala, quieren sacar el asunto adelante por unanimidad. De no ser así, aún podrá lograrse el quórum el próximo 14 de diciembre, cuando está previsto que se celebre la Asamblea General de la caja. Si para entonces el consenso tampoco fuera posible, bastarán dos tercios de los votos para ratificar las cuotas participativas.
Conscientes de que el acuerdo que adopte esta tarde la institución marcará el futuro de la captación de recursos de otras cajas regionales (con independencia de que estén bajo la influencia de gobiernos populares o socialistas), los vocales del PSPV van a poner una serie de condiciones sobre la mesa que determinarán su voto. Dado que la Ley Financiera no contempla todos los escenarios posibles en relación a la emisión de cuotas participativas, el PSPV se opone a la creación de un sindicato de cuotapartícipes. Llevado a la práctica, ello significa que cualquier grupo económico (un banco, por ejemplo) podría adquirir hasta un 5% de la CAM, y aunque carecería de voto en la Asamblea, su influencia en la toma de decisiones sería más que notable. La ley contempla la viabilidad de un sindicato de cuotapartícipes, pero deja su creación en manos de los órganos de gobiernos de las cajas. Y el PSOE está en contra.