EUROPA PRESS
Hidrosalud, entidad dedicada a la depuración y el tratamiento integral del agua, se pronunció en estos términos después de que el juzgado inadmitiese a trámite la querella presentada por varios empresarios contra la misma y contra dos de los que fueron sus administradores, uno de ellos Arturo Torró, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gandia, al considerar que vulneraron los contratos para la apertura de tiendas en régimen de franquicias por diferentes puntos de la Comunitat.
La empresa explicó, tras esta decisión judicial, que resolvió a principios de 2007 algunos contratos de franquicias por incumplimiento grave de los empresarios y que, como consecuencia, interpuso las correspondientes demandas y denuncias ante los tribunales de Justicia.
Posteriormente, como "represión", puntualizó, los franquiciados "chantajearon" a Arturo Torró para que Hidrosalud retirara las demandas y denuncias que tenía interpuestas y, en caso de no hacerlo, "amenazaron" con llevar el caso a los medios de comunicación con el objetivo de "dañar la imagen pública, política y empresarial de Torró, así como la marca" de la empresa, precisó.
Indicó que, al no ceder, los franquiciados "cumplieron con sus amenazas" y anunciaron la presentación de una querella por un presunto delito de estafa contra la entidad y sus administradores y, ahora, destacó, ésta "ha sido inadmitida al considerar que los hechos no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal, y menos de una estafa", resaltó.
Desde Hidrosalud criticaron el "acoso mediático" sufrido, algo que ha ocasionado "cuantiosos" daños tanto a la marca como a las familias que viven y trabajan para la empresa. Así, anunciaron que reclamarán ante los juzgados los perjuicios sufridos tras los presuntos delitos cometidos por "todos aquellos que han participado" en el caso, dijeron.
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